La molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador con la decisión de una mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber declarado inconstitucional la ley que hacía un asunto de seguridad nacional algunos delitos financieros y, por lo tanto, merecedores de prisión preventiva oficiosa, solo confirma la vocación punitivista de un gobierno que ya ha duplicado el número de delitos que la merecen. Vocación, por cierto, que tiene siempre buen recibimiento entre la mayoría de los ciudadanos, lo cual es parte de nuestra desgracia.
Al Presidente le gusta omitir lo de prisión preventiva oficiosa y decir delitos “graves”, y le funciona políticamente aún mejor. Dijo el Presidente el martes: “que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión quienes cometen grandes fraudes fiscales, todos los que inventan, alteran facturas, que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal, porque se les afecta en sus derechos humanos”.
En la sesión del lunes el ministro Juan Luis González Alcántara había explicado cómo según la Convención Americana sobre Derechos Humanos —ratificada por México— y a la jurisprudencia que, al respecto, sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva “no puede justificarse por la gravedad del delito, sino la necesidad de la investigación y la no evasión de la justicia”.
Y añadió: “La prisión preventiva oficiosa es una figura procesal que afecta un derecho sustantivo: la libertad; sin embargo, en nuestro sistema legal penal está predeterminada por el tipo de delito, de uso ordinario e inmotivado, y no de manera excepcional y se aleja de tener una naturaleza cautelar”.
Y es una figura “que cada reforma constitucional en nuestro país ha empleado no como medida cautelar, sino como un fallido intento de disuasión de sanción anticipada”.
Basta echar un ojo al trabajo que esta semana han publicado la organización Intersecta y Animal Político para comprobar el fracaso de la prisión preventiva oficiosa y cómo sus víctimas son los ciudadanos más vulnerables y de menos recursos.
El lunes, el ministro nos recordó cómo, además, el uso que le damos en México va en contra de acuerdos internacionales firmados por el país.
Aún así, el aumento de delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa es uno de los orgullos de este gobierno.
@puigcarlos
