Llevamos tres sexenios metidos en la obsesión por ciertos números que, creemos, nos dicen cómo va la lucha contra la inseguridad y la violencia.
De todos los números los últimos tres gobiernos prefieren contar los homicidios porque, dicen, ahí no hay cifra negra. Algo de lo que ya no podemos estar seguros. Y esos mismos los clasificamos que si en enfrentamientos, que si de la delincuencia organizada, que si dolosos y culposos, que por separado feminicidios.
Tanto número que hemos normalizado cifras de horror y esa normalización ha permitido a cada gobierno decir, en algún momento, que vamos bien.
La realidad, sin embargo, es mucho más complicada.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi pone las cosas más claras. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión. El año pasado casi una tercera parte de los hogares en México tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito.
Veintiún millones de víctimas mayores de 18 años el año pasado.
La Envipe fotografía con precisión una de las principales causas de la crisis, el elefante en la sala que ningún gobierno quiere ver ni actuar en consecuencia.
Hace años que en el país los delitos no se investigan, los ministerios públicos no actúan y, a partir de mucho hartazgo, los ciudadanos no denuncian.
La impunidad reina.
“En 2022, del total de delitos ocurridos, solo 10.9% se denunció. El Ministerio Público (MP) o fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 69.3% de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos, en 92.4% no se investigó (cifra oculta o cifra negra).
De 69.3% de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1% el resultado fue no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4% resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 77.5% de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5% de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, 1.2% de los delitos cometidos tuvieron una represalia”.
Así no hay manera. Y es un asunto que nunca apareció en la agenda de este gobierno. Las fiscalías, los ministerios públicos, la policía de investigación siguen como siempre o peor. La impunidad es la reina y solo provoca más y más delitos porque no se castigan.
