Se ha convertido en un lugar común decir que el país está polarizado. Con todo, más allá de afirmaciones retóricas, lo cierto es que en contextos como el que vivimos, los extremos ciertamente se acentúan y se vuelve muy complejo encontrar espacios de neutralidad; espacios en los que las opiniones pueden ser expresadas con cierto grado de objetividad, y sin que los argumentos sean opacados por la pasión y por los intereses en juego.
A últimas fechas, esta circunstancia ha tenido un impacto sobre la valoración que hace la sociedad del trabajo de los jueces y de su rol en democracia. Para un sector de la sociedad, un juez solo es independiente y, así lo demuestra, cuando falla en contra del gobierno. Para otros grupos, en cambio, hacerlo es una muestra de que se defienden intereses contrarios a la nación. Para ciertas voces, cuando un juez dicta una sentencia favorable al gobierno, queda probada su falta de independencia, sumisión y el colapso de la división de poderes. Del otro lado, la misma decisión es evidencia de que el juez entiende el proceso particular por el que atraviesa nuestro país.
Ambos extremos son equivocados. La función judicial no puede ser valorada en estos términos. La independencia judicial no descansa en el sentido de los fallos, sino en que las resoluciones sean dictadas con autonomía y libertad, con base en razones públicas legítimas y persuasivas. Es en el campo de los argumentos robustos y de la evidencia clara que la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles, de las que son arbitrarias.
Contrario a las críticas, algunas veces interesadas y otras veces carentes de contexto, lo cierto es que el Poder Judicial Federal está viviendo una de sus etapas de mayor vitalidad e independencia, haciendo uso de manera muy intensa de las atribuciones que le otorga la Constitución. Lo anterior puede corroborarse fácilmente con la simple lectura de los centenares de sentencias que se han dictado recientemente en defensa de los derechos humanos y de la Constitución, particularmente en un contexto de pandemia en que los conflictos entre derechos se acrecientan.
Esto no significa que los jueces sean infalibles. En la mayoría de los casos sus decisiones pueden ser combatidas en la misma lógica de independencia judicial, a través de los mecanismos instaurados para que los fallos sean revisados por tribunales ajenos a los intereses políticos. Tampoco significa que sus decisiones no puedan ser criticadas. La crítica robusta hacia las autoridades es fundamental para la democracia, y el actuar de los jueces y jueces federales no es la excepción. Sin embargo, mientras sus fallos no sean motivados por la parcialidad o por la corrupción, las decisiones judiciales no solo deben ser respetadas, sino valoradas como un factor clave para la legitimidad de nuestro sistema democrático.
Por ello, defender a la judicatura federal es defender la democracia; es defender un sistema de equilibrios y contrapesos establecidos en la Constitución, que permite velar por el cumplimiento de las normas, dar cauce a las tensiones sociales y proteger los derechos de todos. Defender a las juezas y los jueces federales es optar por una vía pacífica y civilizada de resolución de controversias que permite solventar nuestras diferencias de manera razonada, imparcial y legítima.
Las personas juzgadoras deben seguir desempeñando su labor al margen de la opinión pública, con independencia de que sus decisiones sean aclamadas o rechazadas por unos u otros sectores. Frente a las críticas, lo que deben hacer es actuar con imparcialidad, neutralidad y honestidad absolutas, pues su labor es indispensable para la democracia y para los derechos humanos.
En el Poder Judicial seguiremos garantizando, como hasta ahora, la independencia y autonomía de los tribunales para resolver los asuntos que se presentan a su consideración, con la libertad de jurisdicción que les otorgan las leyes y la Constitución. Al mismo tiempo, continuaremos con la política de cero tolerancia a la corrupción, para sancionar a quienes, traicionando la confianza que se ha depositado en ellos, se corrompen y responden a intereses indebidos.
Nuestro único compromiso es con la Constitución, con los derechos humanos, con las libertades y con la democracia. Esa es, y seguirá siendo, la aportación de las y los jueces federales en favor de las mejores causas de México.
Arturo Zaldívar
