Olga es una mujer de escasos recursos, desempleada, con diabetes, que siempre dependió económicamente de su hermano. Cuando éste falleció, Olga enfrentó dificultades para ser declarada beneficiaria de los fondos de la cuenta individual, a pesar de que su hermano nunca tuvo pareja ni hijos y sus padres habían fallecido.
Desesperada, acudió a un Tribunal Laboral Federal, en donde fue referida con una asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. En marzo de 2021, Olga presentó una demanda para hacer valer sus derechos en materia de seguridad social y en septiembre el tribunal dictó sentencia confirmando la dependencia económica de Olga respecto de su hermano y, por lo tanto, su derecho a ser declarada única y legítima beneficiaria. Al no existir alguna persona con derecho a recibir los recursos de la cuenta individual, se ordenó su entrega a Olga.
Este no es sino un ejemplo de cómo el tránsito al nuevo modelo de justicia laboral —que la semana pasada inició la segunda fase de implementación— ha comenzado a dar resultados, y tiene ya un impacto real en la vida de las personas.
Desde la reforma constitucional de 2019, en el Poder Judicial de la Federación asumimos firmemente el compromiso de hacer efectiva una justicia laboral apegada a derechos humanos.
Hoy, a 11 meses del inicio de la implementación de la reforma, la duración de los juicios en procedimientos ordinarios ha pasado de aproximadamente 4 años a un promedio 4.5 meses. En el ámbito de la capacitación, hemos consolidado una sólida oferta académica con cobertura nacional y hemos realizado concursos de oposición paritarios para todas las categorías jurisdiccionales.
La nueva justicia laboral es moderna e innovadora. Los tribunales han sido diseñados conforme a criterios de accesibilidad y cuentan con equipamiento de última generación, así como con herramientas tecnológicas que brindan celeridad, accesibilidad y confiabilidad a los procesos.
La nueva justicia laboral refleja, en este sentido, la renovación que ha vivido la judicatura federal en su conjunto, en torno a los ejes de carrera judicial, nuevo paradigma de capacitación, paridad y perspectiva de género, justicia digital, accesibilidad y fortalecimiento del servicio de defensoría pública. Es un sistema que nace imbuido por los valores que dan forma al nuevo rostro de la justicia federal.
Sin duda, la implementación del nuevo modelo de justicia laboral ha significado un desafío mayúsculo para el Poder Judicial Federal, pero gracias al compromiso firme y los esfuerzos institucionales decididos, hoy en día, la promesa de un proceso laboral público, gratuito, oral y conciliatorio es una realidad que se consolida a paso firme.
Desde luego, estos avances han sido posibles gracias al trabajo conjunto en el seno del Consejo de Coordinación presidido por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y en el que el Poder Judicial Federal ha sido representado por el ministro Fernando Franco, a quienes expreso mi gratitud y reconocimiento por su labor.
El reto sigue siendo inmenso. Aún es necesario avanzar en las etapas de implementación y sentar las bases para una reinterpretación del derecho laboral a partir de la labor jurisdiccional. Continuaremos trabajando para hacer llegar la justicia laboral a todos los rincones del país: una justicia laboral que brinde certeza jurídica y que dé confianza a la ciudadanía de que los derechos de las personas trabajadoras y empleadoras no son palabras huecas, aspiraciones o promesas vacías, sino reglas del juego exigibles ante tribunales independientes e imparciales. Una justicia igualitaria en la que nadie cuente con más ventaja que la de la razón y el derecho.
Arturo Zaldívar
