Este año se llevó a cabo la primera entrega del Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres. Se trata de una iniciativa del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, que comprende diversos organismos e instituciones del ámbito interamericano, entre ellas la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría General Iberoamericana (Segib), ParlAmericas, IDEA Internacional, junto a otras organizaciones de la sociedad civil. El llamado contó, además, con el apoyo del Gobierno de Canadá, la Secretaría de Cumbres de las Américas y la colaboración del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la OEA.
La convocatoria buscó reconocer, destacar y amplificar las políticas públicas, así como iniciativas del sector privado y la sociedad civil tendientes a promover el aumento del número de mujeres en posiciones de liderazgo, fortalecer su empoderamiento y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones. Todo ello para cerrar brechas y desigualdad desde una perspectiva de derechos, considerando el liderazgo desde un enfoque integral de derechos con una mirada interseccional para que ninguna mujer quede atrás.
El premio constó de tres categorías: políticas públicas; iniciativas privadas en el ámbito empresarial e iniciativas de la sociedad civil; asimismo, la convocatoria previó la entrega de un reconocimiento especial para mujeres líderes del año.
En la categoría de políticas públicas, el premio fue para la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del conjunto de políticas implementadas desde 2019 en materia de igualdad de género. La resolución del premio destaca las acciones realizadas desde un enfoque integral dirigido a lograr la integración paritaria en la justicia federal, transformar la cultura institucional, y juzgar y defender con perspectiva de género interseccional; asimismo, la resolución resalta el liderazgo de las funcionarias líderes del Poder Judicial de la Federación en todas las etapas del proceso.
Con este premio se reconoce, a escala internacional, la estrategia impulsada por el Poder Judicial de la Federación para erradicar la discriminación que por razón de género han padecido las mujeres en la carrera judicial.
En 2019 emprendimos un esfuerzo sin precedente para transversalizar la igualdad y la perspectiva de género en la judicatura. Gracias al conjunto de políticas implementadas a lo largo de estos tres años y medio, hemos alcanzado máximos históricos de participación de las mujeres en los cargos de jueza y magistrada federal. A través de concursos exclusivos para mujeres y concursos paritarios, nombramos 140 juezas y 48 magistradas de circuito, con lo que hoy representan 30 por ciento y 24 por ciento respectivamente.
Pero no solo se trata de que más mujeres estén a cargo de la impartición de justicia, sino de modificar las estructuras que propician los suelos pegajosos, los techos de cristal y las escaleras rotas. Se trata de revertir las condiciones históricas por las que la impartición de justicia ha estado casi exclusivamente en manos de hombres.
Así, hemos implementado medidas que buscan derribar las barreras que impiden a las mujeres escalar en la carrera judicial, tales como una política de adscripciones con perspectiva de género, un combate frontal al acoso y el hostigamiento sexual, licencias de paternidad de 90 días pagados, ampliación de los permisos de lactancia y acondicionamiento de salas para tal efecto, todo esto bajo un modelo de corresponsabilidad y de conciliación de la vida laboral y familiar.
Además, introdujimos los principios de paridad y perspectiva de género en la reforma judicial de 2021, elaborada al interior del Poder Judicial Federal, lo que blinda las políticas y asegura que, en el camino hacia una justicia federal igualitaria e incluyente, no haya marcha atrás.
Todo esto ha ido acompañado, además, de intensos esfuerzos de capacitación y sensibilización en perspectiva de género e interseccional tanto para el personal administrativo como el jurisdiccional. Queremos trastocar de raíz los prejuicios y estereotipos que mantienen intactas estructuras discriminatorias.
La igualdad de género no es una moda. Es una exigencia constitucional, un componente de legitimidad democrática y una cuestión de dignidad. Debemos deconstruir el mundo y reconstruir otro en el que las mujeres puedan perseguir sus sueños y ejercer liderazgos, sin que las limiten las reglas no escritas de una sociedad que, hasta ahora, las ha hecho a un lado.
Arturo Zaldívar
