La idea de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos es uno de los fundamentos esenciales de la democracia y el cimiento para la construcción de una sociedad justa. Asegurar que todas las personas —independientemente de nuestras condiciones y características personales— podamos desarrollar nuestros intereses y habilidades, y ejercer nuestros derechos en un plano justo de posiciones y oportunidades es una de las preocupaciones centrales de nuestro constitucionalismo y quizá una de las demandas más añejas e incumplidas de la historia. En todas partes del mundo, alcanzar un plano de igualdad, en el que ejercer las libertades sea una posibilidad real y no solo una promesa en el papel sigue siendo uno de los retos más apremiantes.
Una primera exigencia del principio de igualdad es que la ley no haga distinciones arbitrarias entre personas. Las leyes no deben ser discriminatorias; no deben dar un trato preferencial ni perjudicial a grupos o personas sin que para ello exista una justificación adecuada. De igual manera, las autoridades encargadas de aplicar la ley deben hacerlo uniformemente. Pero quedarse ahí ha probado no ser suficiente. El principio de igualdad formal ante la ley evita tratos discriminatorios, pero poco hace por remediar las causas de las desigualdades.
Las razones por las que diversos grupos han estado históricamente en desventaja radican en los arreglos, dinámicas y estructuras que mantienen una ciudadanía de segunda clase para ciertas personas, en función de su origen étnico, racial, condición social, género, discapacidad, etc. Para todas ellas, el paradigma de la igualdad formal no hace sino perpetuar las barreras que les impiden acceder a las oportunidades.
La igualdad sustantiva, en cambio, plantea avanzar hacia un goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, lo que exige remover los obstáculos sociales, políticos, económicos o de cualquier índole que impidan a grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. La igualdad sustantiva exige al Estado llevar a cabo las acciones necesarias para generar las condiciones a partir de las cuales las personas estén en posibilidad real de elegir su destino.
En el Poder Judicial, desde mi llegada a la presidencia, el compromiso ha sido el de nivelar el terreno, para que la justicia esté al alcance de todas y todos. Así, desde el Instituto Federal de Defensoría pública brindamos asesoría y representación jurídica gratuita. Nuestros abogados y abogadas del pueblo llegan a todos los rincones del país para acercar la justicia federal a la gente.
Hemos emprendido acciones afirmativas para que las mujeres puedan participar en los altos cargos de la Judicatura con los primeros concursos exclusivos para el cargo de juezas de distrito y magistradas de circuito. Estamos combatiendo el acoso y el hostigamiento sexual, para acabar con la violencia de género, establecimos licencias de paternidad de tres meses y estamos tomando medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar, para ir desarticulando los patrones que mantienen a las mujeres atrapadas entre pisos pegajosos y techos de cristal.
Acabamos de lanzar una consulta interna para la aprobación de una política de inclusión para personas con discapacidad en la Corte.
A través de procesos consultivos, hemos actualizado los protocolos para juzgar con perspectiva de género y el de casos que involucren personas migrantes y sujetas a protección internacional, mientras que los relativos a casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, y personas, pueblos y comunidades indígenas están en proceso de actualización.
Hemos emprendido un esfuerzo sin precedente para capacitar a todo el personal jurisdiccional en el conocimiento teórico y el uso de herramientas argumentativas que les permitan detectar y revertir las desigualdades que las leyes perpetúan. En nuestras sentencias, hemos reafirmado una y otra vez los derechos de todas aquellas minorías privadas de voz en los procesos democráticos y deliberativos.
En el Poder Judicial de la Federación el juego se llama igualdad. Estamos derribando barreras, removiendo obstáculos, acortando brechas. Nos estamos tomando los derechos en serio, para que la justicia deje de ser un privilegio de las élites, sino que sea una realidad tangible para ese mosaico diverso de quienes habitamos este país.
Arturo Zaldívar
