Los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todas las personas, que encuentran su fundamento en la idea de que todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, somos iguales en dignidad, por lo que ninguna condición como la nacionalidad, el género, el origen nacional o étnico, el color, la religión o la lengua, puede servir de justificación para que tales derechos nos sean despojados. En este sentido, los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos: pertenecen a un ámbito protegido —una esfera de lo indecidible— que la voluntad de las mayorías no puede alcanzar. No pueden ser materia de consulta ni someterse a votación; no puede darse marcha atrás en su protección.
Con todo, los derechos humanos están formulados en términos amplios que dejan grandes márgenes de interpretación sobre su contenido específico. La extensión de los derechos humanos, su significado y alcance, es materia de desacuerdos profundos y, en esa medida, los derechos con que hoy contamos son verdaderas conquistas; son el resultado de la lucha de las personas por el reconocimiento de esa dignidad y de esa igualdad que las mayorías muchas veces les quieren escatimar.
Por ello, a pesar de lo mucho que se ha logrado en la protección y desarrollo de los derechos humanos, a pesar de los compromisos internacionales y los mecanismos que nos hemos dado para protegerlos, éstos están en constante peligro y los hechos nos demuestran que pueden ser revertidos.
Las pulsiones autoritarias, la deshumanización de quienes son diferentes, el afán de imponer un orden natural o divino, el miedo al otro, son fuerzas que amenazan constantemente las libertades y que ponen en peligro ideas tan básicas como que la maternidad debe ser libre y elegida, no impuesta por el Estado; que lo que dos adultos hacen consensuadamente en la intimidad no puede ser objeto de intromisiones estatales; o que la familia se define por la voluntad de afrontar en solidaridad las vicisitudes de la vida y no por la conformidad a un modelo socialmente aceptado.
Los derechos son frágiles y para defenderlos es fundamental el trabajo y el impulso de los colectivos interesados. Los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres están hoy plenamente reconocidos, gracias a que ellas y ellos han levantado la voz y se han hecho escuchar por las mayorías para quienes siempre han sido invisibles.
Ahí radica la importancia de asegurar y proteger las vías para que todas las personas puedan ser escuchadas y participar en los procedimientos democráticos. Es fundamental amplificar las voces, visibilizar las luchas, no hacer oídos sordos a sus denuncias y a sus reclamos.
Y también es fundamental lo que se dice desde el poder público. El discurso público tiene un impacto determinante como factor de cambio social; cumple una función vital en poner temas sobre la mesa y visibilizar su importancia. La regresión de los derechos que hemos visto en otros países no hubiera sido posible si desde las esferas de poder no hubiera estado normalizado un discurso antiderechos.
Es por ello que, desde hace casi cuatro años, en el Poder Judicial Federal nos hemos tomado en serio el deber de difundir y promover los derechos humanos. Hemos desplegado un esfuerzo sin precedentes para visibilizarlos y ponerlos en el centro de la acción institucional. Nos hemos vinculado con diversas organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales en un esfuerzo inédito por capacitar y difundir una cultura de derechos humanos.
Todos los derechos para todas las personas. Hasta que la dignidad se haga costumbre. No son palabras huecas, ni simples slogans, sino el recordatorio de una aspiración que debería ser común a toda la sociedad, de alcanzar un ideal de justicia en el que todas las personas tengan la libertad real de perseguir sus sueños y ser felices.
Arturo Zaldívar
