El año pasado se cumplieron 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que abrió nuestra Constitución al derecho internacional y robusteció los mecanismos para su garantía. Desde aquel momento subrayé su carácter histórico: una reforma capaz de transformar el derecho y la justicia en nuestro país mediante el desarrollo expansivo de los derechos humanos.
Con todo, para lograrlo era indispensable la labor interpretativa del tribunal constitucional, pues ninguna reforma tiene la capacidad de alcanzar sus fines por sí sola. Así, en 2011 las ministras y ministros de la Suprema Corte enfrentamos una decisión histórica: impulsar la visión garantista de la reforma o continuar atrapados en el pasado. Tomarnos en serio la Constitución y desarrollar una jurisprudencia robusta en beneficio de la gente, o seguir encerrados en el formalismo y la indiferencia. Convertirnos en un auténtico Tribunal Constitucional o renunciar a serlo.
Para mí, la ruta a seguir era clara: debíamos desarrollar los derechos humanos y darles efectividad. La tarea no era menor, pues nuestra cultura jurídica —cerrada, legalista y letrista— no estaba preparada para una revolución de esta magnitud. ¿Cómo podíamos consolidar el rol de la Suprema Corte como un auténtico defensor de los derechos humanos?
Para lograrlo, entendí que era indispensable asumir un compromiso muy serio con una visión especial del derecho y de la justicia constitucional. Una visión interpretativa de avanzada, que dejara atrás el formalismo del pasado y orientara nuestras decisiones desde una perspectiva diferente. Una visión igualitaria, sin fronteras, abierta al conocimiento experto, y que concibiera al derecho como un instrumento de transformación social.
Mi más reciente obra, 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, recoge esa visión, reflejada en mis 50 sentencias y proyectos más importantes de la última década: las sentencias que impulsaron el desarrollo de una gran cantidad de derechos, con un impacto directo en la vida de los más vulnerables de nuestra sociedad: niñas, niños y adolescentes; víctimas de violencia de género; personas con discapacidad; madres en reclusión; personas de la diversidad sexual; adultos mayores; pueblos y comunidades indígenas, entre otros.
En el libro se encuentran también los casos que le dieron relevancia al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho de las víctimas de conocer la verdad; los asuntos que privilegiaron los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las controversias familiares; las decisiones que dotaron de contenido sustantivo el principio de igualdad entre el hombre y la mujer a través de la perspectiva de género y de la paridad en la vida democrática; las sentencias que desarrollaron y defendieron los derechos de las personas con discapacidad, las personas y comunidades indígenas, y las minorías sexuales.
Asimismo, presento los casos que tuvieron un impacto decisivo en el ámbito de las políticas públicas —desde la regulación de la familia hasta los procesos electorales, desde la política de drogas hasta el sistema de justicia penal—, exigiendo que cada decisión se articule considerando seriamente sus implicaciones sobre los intereses de la gente, sobre todo de las personas y comunidades más vulnerables de nuestra sociedad.
En las páginas de este libro converge, en suma, mi labor jurisdiccional durante la última década. Con todo, 10 años de derechos no solamente es un libro de derecho, sino una obra muy personal. Escribirlo fue una oportunidad única para reflexionar sobre mi labor como ministro. Una oportunidad para regresar a los casos paradigmáticos, a las historias desgarradoras, a las cuestiones difíciles, a las que no tenían una respuesta, y a aquellas en que las respuestas resultaban insuficientes. Una oportunidad excepcional para recordar las decisiones que me conmovieron, los casos más difíciles que enfrenté como ministro y aquellos que transformaron el derecho para siempre. Una autobiografía jurisprudencial.
Hoy veo con claridad que nuestra doctrina no es una casualidad, que sus estándares no son un capricho. Nuestra doctrina es el resultado de una visión específica de justicia, que tuve la fortuna de compartir con mis compañeras y compañeros ministros a lo largo de este tiempo.
Confío en que 10 años de derechos es un testimonio fiel de ese trabajo. Mi anhelo es que sus páginas inspiren a nuevas generaciones a luchar por los derechos humanos: que sepan que hay herramientas, que hay formas de mejorar la vida de la gente, que el cambio es posible. Y que, armados con esperanza, contribuyan a hacer realidad esa visión, en todos los rincones de nuestro país.
Arturo Zaldívar