En junio de este año se conmemoran 10 años de las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos, que incorporaron a nuestro sistema el derecho internacional de los derechos humanos como parámetro de validez del orden jurídico y reforzaron los mecanismos para su garantía. En su momento, las reformas suscitaron debates sobre su alcance y trascendencia; hubo dudas sobre su potencial y muchos aducían que era una modificación cosmética o retórica, sin posibilidades reales de impactar en la vida de la gente.
Como máximo intérprete de la Constitución, correspondía a la Suprema Corte definir los alcances de la reforma. Ninguna reforma constitucional, por sí sola, tiene la capacidad de transformar y alcanzar sus fines. La labor del Poder Reformador requiere ser completada a través de la labor interpretativa del tribunal constitucional, encargado de darle al texto de la norma fundamental todo su sentido, significado y fuerza.
En 10 años de jurisprudencia, la Corte se comprometió con la reforma y la dotó de efectividad. Definió sus pilares conceptuales y operativos y le dio un alcance que transformó por completo nuestro sistema jurídico, dando lugar a un desarrollo inédito de los derechos humanos. A través de sus sentencias, la Suprema Corte dio vida a un nuevo paradigma constitucional al establecer un bloque de constitucionalidad que sirve como parámetro de regularidad de todo el orden jurídico.
A partir de ello, la Corte le dio relevancia al debido proceso, la presunción de inocencia, y el derecho de las víctimas a conocer la verdad; privilegió los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las controversias familiares; dotó de contenido sustantivo el principio de igualdad entre el hombre y la mujer a través de la perspectiva de género y de la paridad en la vida democrática; desarrolló y defendió los derechos de las personas con discapacidad, las personas y comunidades indígenas, y las minorías sexuales; afianzó la libertad de expresión como piedra angular de la democracia constitucional; y tuteló la autonomía de las personas para elegir y materializar plenamente su proyecto de vida. En 10 años de jurisprudencia, la labor de la Suprema Corte convirtió una reforma retórica en una reforma transformadora.
El legado de este trabajo es una jurisprudencia humana, sensible, y con un impacto real en la vida de la gente. Una jurisprudencia que ha convertido el lenguaje jurídico, progresivamente, en un lenguaje de derechos. Hoy las autoridades no pueden ignorar el marco constitucional que limita su actuación frente a las libertades de la persona. Hoy los tribunales no pueden aplicar la ley sin considerar los derechos implicados en el caso y sin las herramientas interpretativas y las metodologías de adjudicación que hacen realidad el principio pro persona. Hoy no se puede hablar de política pública sin hacerlo en clave de derechos humanos. Hoy no se puede estudiar ni ejercer el derecho, sin comprender la manera en que los derechos humanos lo han transformado.
A fin de conmemorar este legado, en el Poder Judicial de la Federación impulsaremos este año una reflexión profunda sobre los logros y los retos de la reforma de 2011. Queremos promover una conversación amplia y sostenida, que se nutra de distintas experiencias y contribuciones. Por ello, además de diversos ciclos de conferencias magistrales que incorporarán puntos de vista académicos, jurisdiccionales y de la sociedad civil, así como una perspectiva comparada, hemos planeado una serie de publicaciones, mesas de análisis, ciclos de cine documental, diplomados, conversatorios, cortometrajes, concursos de ensayo, y cursos intensivos sobre derechos humanos a lo largo de todo el año. Estos espacios para expresarse, aprender y debatir en distintos formatos enriquecerán nuestro entendimiento y compromiso con los derechos humanos.
En junio de 2011, la Suprema Corte asumió la tarea de darle vida a la reforma constitucional y a su promesa de una sociedad más justa e igualitaria. 10 años de derechos han fijado las bases de esa transformación. Hoy, en medio de una de las crisis sanitarias más abrumadoras de la historia reciente, es fundamental reafirmar nuestro compromiso con esa visión, y redoblar esfuerzos para consolidar una cultura de los derechos, fundamento indispensable para una sociedad libre, democrática, justa e igualitaria.
