Integrantes de Greenpeace y diversos grupos civiles se han manifestado contra las obras del tren maya que se realizan en el tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum para pedir se respete la biodiversidad.
Recientemente, se ha debatido en la opinión pública y en los foros legales que las obras de infraestructura sean consideradas como cuestiones de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, lo cual ha levantado dudas entre los expertos sobre su esencia legal y si realmente se adapta a los supuestos que se encuadran en el modelo de los intereses nacionales.
La actual administración, para evitar juicios, ha declarado al Tren Maya como un tema de seguridad nacional, a efecto de evitar que los amparos detengan su avance. Esto no excluye que se siga recurriendo por la vía legal los amparos que se han promovido, para que el gobierno federal detuviera la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
El concepto de seguridad nacional todavía resulta polémico en México. Una acción de seguridad nacional es, por ejemplo, cualquiera que se encamine inmediata y directamente a proteger la soberanía de nuestra nación, su independencia y su territorio, por ejemplo, son las amenazas a la seguridad nacional, espionaje, terrorismo, traición a la patria, genocidio, interferencia extranjera, rebelión, tráfico de armas nucleares, químicas o biológicas, etc.
El gobierno busca convertir a la seguridad nacional en la excusa de uso común para imponer cualquier proyecto de obra pública que encuentre resistencia legal. Frente a ello, los límites de nuestro sistema constitucional se encuentran amenazados.
Ningún proyecto de obra pública deberá estar por encima de los derechos humanos de una sociedad, es momento de procurar un respeto y apego a un Estado de Derecho eficiente y privilegiar el peso de nuestra Constitución.
Arturo Argente Villarreal
Tec de Monterrey, Campus Toluca
