El derecho a la salud es el derecho humano a gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permite a cada persona vivir dignamente. De aquí se desprenden esencialmente obligaciones de todo Estado para garantizar el derecho a la salud de una población. Todo gobierno necesita crear las condiciones que aseguren a todas las personas en el territorio de su jurisdicción, reciban asistencia médica y servicios médicos en caso de enfrentar cualquier enfermedad.
También el Estado deberá asegurar que todos los profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y ética para poder brindar estos servicios.
La importancia de la salud pública radica en que en muchas naciones la prestación de este tipo de servicios se encuentra en manos del Estado y no del sector privado. Por lo que es importante garantizar políticas públicas que permitan el acceso de la población al sistema sanitario de un país.
México enfrenta una situación de crisis de alto riesgo ya que el sistema de salud de nuestro país refleja una carencia de camas, personal médico, desorden en nóminas, compras con sobre precios y desabasto estatal en medicamentos que alcanzan un nivel del 70% en todas las instituciones de salud pública del país.
El proyecto de presupuesto de egresos 2019 consideró que el gasto destinado a la Secretaría de salud federal era de 123 mil millones de pesos, 3.2% menos que el año anterior.
Es claro que la austeridad republicana que la cuarta transformación ha venido ejerciendo en cada rama del gobierno federal ha alcanzado un tema tan delicado como la salud pública. Por ejemplo, el Instituto de cancerología tiene congelados 225.9 millones de pesos de su presupuesto, mientras instituciones públicas como el de nutrición y pediatría los recortes han sido tan lacerantes que han tocado a áreas como guardería, lactancia, comedores y también las prestaciones de los trabajadores de confianza han sido disminuidas.
A esta tendencia hemos visto como los más afectados han sido las personas con VIH que necesitan antirretrovirales, que les permite a los seropositivos tener una vida más larga y sana y reduce la transmisión del virus. Ante esta situación de emergencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 25 quejas por falta de estos importantes medicamentos.
Lo que queda claro es que las medidas de austeridad aplicadas al sector salud ponen en riesgo la calidad de vida de millones de mexicanos. No olvidemos que la pirámide poblacional refleja que la vejez en México va en aumento y que, por consecuencia, los incrementos de las enfermedades crónicas requieren de la atención de servicios médicos de calidad.
La realidad es avasalladora y cruel ya que, hasta el día de hoy, el gobierno ha demostrado una incapacidad total para enfrentar esta grave situación. Lo claro es que el tema de salud pública debe de quedar aparte de cualquier interés partidista y que se deben priorizar las necesidades de la población civil.
