La desigualdad no es inevitable, ni es consecuencia de leyes inexorables de la economía, es cuestión de transformar las políticas y estrategias públicas que al día de hoy han fracasado.
Joseph E. Stiglitz, economista, profesor universitario y ganador del premio Nobel de Economía, en su libro “El precio de la desigualdad” muestra como los mercados por si solos no son eficientes, ni estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a promover la competencia. Además, señala como las erróneas políticas de los gobiernos e instituciones son propensas a alimentar esta tendencia, influyendo sobre los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos frente al resto.
La desigualdad económica es la disparidad fundamental que permite a una persona ciertas oportunidades materiales y que, a otras, se las niega. Es importante no confundir la pobreza con la desigualdad, que también existe entre los millonarios y seguiría existiendo si toda la población fuese millonaria. La pobreza es económica, mientras que la desigualdad es social y política.
En México, la desigualdad es un lastre que no hemos podido superar. Por ejemplo, la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad y el 47% de ellos gana, como máximo, el equivalente a un salario mínimo, de acuerdo con datos de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del INEGI al primer trimestre del 2023; 39% 1 a 2 salarios mínimos; 10% 2 a 3 salarios mínimos; 4% 3 a 4 salarios mínimos; y un 1% más de 5 salarios mínimos. México es un país donde conviven muchos pobres y algunos de los más ricos del mundo también.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, el porcentaje de la pobreza laboral presentó una disminución a nivel nacional de 1.1 puntos porcentuales al pasar de 38.8% a 37.7%, respectivamente. Pero hay aspectos que se centran en elementos que están relacionadas con el género, la pertenencia a comunidades indígenas, la disidencia sexual y de género, e incluso la edad, el color de piel o el apellido de las personas. Por ejemplo, las mujeres tienen ingresos promedio significativamente más bajos que los hombres; más del 70% de la población indígena se encuentra en pobreza; las personas de piel morena/oscura pueden ganar, en promedio, de 40 a 50% menos que las personas blancas y los mexicanos que viven en el norte del país tienen tres veces más posibilidades de salir de la pobreza que los mexicanos que viven en el sur.
Es necesario entender que se necesitan una serie de reformas en las reglas que funciona este país y que estos cambios puedan estimular el crecimiento e incrementar las oportunidades y la igualdad. Una economía sana y una democracia más justa están a nuestro alcance; políticas públicas que promuevan la cooperación y desarrollo sostenible; garantizar la protección de la ciudadanía en emergencias humanitarias; implementar un sistema fiscal equitativo y justo para toda la población; mejorar el acceso y uso a los servicios públicos de salud; atender al cambio climático y que se fomente el cuidado del medio ambiente; y cambiar la legislación de competencia económica para reducir las brechas salariales que fomenten la productividad del país y se promueva un entorno más equitativo y justo. Es urgente analizar y abandonar lo antes posible las políticas que ya han demostrado ser fallidas y que han pisoteado la dignidad de la gente para empezar a trabajar en aquellas que procuren la dignidad de la población.
