La crisis de salud pública no es un tema nuevo, es un problema que venimos arrastrando desde años atrás y que ahora se ha convertido en una bomba de tiempo.
En el inicio de esta administración se evidenciaron las carencias en medicamentos que enfrenta el sector salud. La función pública anunció la semana pasada que se encuentra investigando un monto de 26 mil millones de pesos que han mermado la de por sí ya dañada situación de este sector; 12 mil millones corresponden a adquisiciones irregulares del ISSSTE; 7 mil millones relacionados con gastos no comprobados del Seguro Popular, (gastos que se llevaron a cabo entre 2007 y 2016) y el monto restante se perdió en unidades médicas con el consentimiento del gobierno federal.
La situación que enfrenta la industria farmacéutica en México no es fácil. Toda la materia prima para producir medicamentos se trae del extranjero. Esta dependencia que se tiene en la importación de materias primas ha encarecido el costo de las medicinas y por consecuencia impide el abaratamiento en los precios de los fármacos.
El gobierno federal ha abierto un nuevo frente en su “lucha anticorrupción”, ahora en el sector Salud, y es la población la que resultan más afectada al sufrir las consecuencias de esta batalla. Donde más se ha visto la carencia de medicamentos es en el grupo de pacientes que sufren de cáncer y de VIH Sida.
Esto nos lleva a plantear cómo atender este problema. Con una nueva reforma fiscal se podría inyectar mayores recursos a este sector y también es necesario fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el sistema de Salud pública.
Ahora bien, es urgente que el gobierno federal obtenga resultados a corto plazo en esta “lucha anticorrupción” que está dejando a una gran cantidad de ciudadanos sin los servicios médicos que se requieren para atender sus padecimientos. Es necesario saber quiénes fueron los que causaron este desastre, con acusaciones bien fundamentadas, y que no se le dé cabida a la impunidad.
Este es un tema muy importante, ya que se pone en juego la vida de muchos mexicanos. Hay que evitar que el gobierno federal lleve a cabo una “cacería de brujas” donde al final paguen justos por pecadores.
