El juicio de Genaro García Luna se encuentra bañado de posicionamientos políticos, especialmente de quienes ya declararon culpable al ex secretario de seguridad y requieren sacar raja política de este caso, pero este juicio no se puede analizar a la ligera y necesita que nos lleve a realizar una serie de reflexiones sobre sus implicaciones que nos ayuden a entender lo que está en juego. No nos limitemos a realizar un debate estéril sobre la inseguridad y la violencia, es necesario analizar este juicio con objetividad dejando a un lado todos los tintes electorales que se pueden desprender de este caso.
Este juicio es una biopsia de la crisis que enfrentamos todos como país en materia de seguridad y la complicidad de los cárteles con el gobierno es necesaria para que éste ilícito pueda funcionar. El juicio a García Luna debe llevarnos a analizar diferentes aspectos que le dan vida a la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. ¿Cómo combatir la corrupción de policías, soldados, ministerios públicos, jueces y políticos por parte del crimen organizado? La colusión de todo tipo de autoridades mexicanas con criminales es histórica y trágica, y esto no se ha resuelto.
En el gobierno de Calderón se introdujo el control de confianza, comenzaron las mejoras de salarios y condiciones laborales de las policías y soldados, entre otras cosas. Es evidente que, si se siguen aplicando, son insuficientes. El tema debiera de seguir vigente y ser tratado con prioridad.
Por otro lado, la guerra en contra del crimen organizado perpetrada por Felipe Calderón tuvo muchas consecuencias y variados problemas en la sociedad mexicana. Durante el desarrollo de esta injusta guerra, que es considerada como su proyecto político, Calderón se erige como el personaje principal de esta cruenta lucha contra el crimen organizado y que ha bañado de sangre nuestro país.
Con el juicio de Genaro García Luna queda expuesto que, al final, Calderón perdió la autoridad que pretendió tener ante los demás, que su apuesta fue enorme pero los resultados estratégicos fueran pobres y, lo que es más importante, el descrédito personal y profesional fue amplio. La infiltración del narco en el poder fue grave y el daño fue mortal.
La decisión de iniciar esta guerra sin previa planeación provocó, entre varias cosas, un enorme aumento de violencia en varias regiones del país y el contagio de las drogas se extendió por toda la nación de manera muy agresiva entre la población civil, lo cual generó una enorme cantidad de víctimas ciudadanas. Ambas cuestiones provocaron que la mirada pública lo considerara como un político insensible ante el dolor de las víctimas e irresponsable ante las consecuencias de sus decisiones. Al final, las víctimas de esta guerra nunca fueron tomadas en cuenta.
Es inevitable pensar en la responsabilidad del político desde la figura presidencial y preguntarse por qué no hay consecuencias, a pesar de la gravedad de esta guerra, ni para el político que la inició ni para las instituciones políticas que avalaron este desastre.
Al final, Calderón fue víctima de su propio autoritarismo y queda la pregunta ¿cómo puede establecerse la responsabilidad política dentro de este panorama? Éstas son preguntas que podrían ser aclaradas al concluir el juicio de Genaro García Luna y que nos lleva a reflexionar los límites del ejercicio político en México.
Arturo Argente Villarreal
Tec de Monterrey, Campus Toluca
