El trabajo en plataformas digitales ha transformado el mundo laboral. Lo que inició como una forma flexible de obtener ingresos se convirtió, para millones de personas, en su principal fuente de sustento. Repartidores, conductores y prestadores de servicios operan a diario bajo un esquema que, hasta ahora, ha funcionado a la sombra de la legislación laboral.
Por eso, la reciente publicación de las Disposiciones de carácter general para determinar el ingreso neto mensual de las personas trabajadoras de plataformas digitales, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representa un parteaguas. A partir del 1 de julio de 2025, se aplicará como programa “piloto”, un marco normativo que busca dar certeza, establecer reglas claras y formalizar una actividad que se ha desarrollado por años al margen de la seguridad social.
Estas disposiciones derivan del decreto publicado el 24 de diciembre de 2024, que reformó la Ley Federal del Trabajo para incluir el trabajo en plataformas digitales. El nuevo esquema reconoce derechos como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y pago proporcional de días de descanso y horas extras. Además, establece el cálculo del Ingreso Neto Mensual, aplicando factores de exclusión por el uso intensivo de la plataforma tecnológica como herramienta de trabajo, según el medio de transporte utilizado.
Este modelo busca ser justo, reconociendo el esfuerzo real del trabajador sin alterar el ingreso bruto que genera. También establece que, quienes ganen al menos un salario mínimo al mes, deberán ser afiliados al IMSS. En teoría, esto representa un avance en el reconocimiento de derechos laborales para un sector históricamente precarizado.
Sin embargo, la realidad es más compleja, y las reacciones no han sido del todo favorables. Muchos trabajadores de plataformas han expresado su rechazo. ¿Por qué? Porque detrás de estas buenas intenciones, ven riesgos concretos.
El primero es el temor a una reducción de ingresos. Aunque se afirma que el ingreso bruto no será afectado, la aplicación de factores de exclusión (hasta del 36%) y la obligación de contribuir al seguro social podría dejar menos dinero en sus bolsillos. A ello se suma el costo de mantenimiento del vehículo, gasolina, desgaste físico y el pago de rentas si el medio de transporte no es propio.
Otro punto sensible es la falta de claridad. El lenguaje técnico de la norma y la complejidad de los cálculos despiertan desconfianza. Muchos trabajadores temen que no se les explique de forma transparente cómo se determinará su salario neto, y que este proceso quede en manos de las plataformas sin mecanismos de verificación o defensa.
También existe miedo a perder autonomía. Una de las razones por las que muchos optan por trabajar en plataformas digitales es la flexibilidad. Ven con preocupación que, bajo esta regulación, puedan convertirse en empleados “formales” con nuevas obligaciones, pero sin verdadera estabilidad. Además, temen que las empresas aprovechen esta formalización para imponer más reglas, limitar la conexión diaria o incluso desactivar cuentas sin justificación.
A eso se suma el riesgo de que las plataformas reduzcan la demanda o recorten personal para no asumir nuevas cargas laborales. Esto ya ha ocurrido en otros países tras la implementación de regulaciones similares. Por otro lado, los colectivos de repartidores critican que la norma fue diseñada sin una consulta efectiva al gremio, lo que refuerza la percepción de imposición desde el escritorio gubernamental.
En este contexto, la intención de proteger a los trabajadores no debe ignorar sus voces ni sus condiciones reales. La regulación es un avance, sí, pero necesita ir acompañada de un proceso de implementación sensible, flexible y participativo. De lo contrario, lo que se pensó como un acto de justicia puede convertirse en una carga más para quienes ya operan en la cuerda floja de la informalidad disfrazada de emprendimiento.
El reto ahora está en la aplicación: que la ley no sea una camisa de fuerza, sino un marco que garantice derechos sin asfixiar la viabilidad económica del trabajo digital. La transformación del mundo laboral es inevitable. Lo que no podemos permitir es que, en nombre de la formalidad, los trabajadores terminen perdiendo más de lo que ganan y, también igualmente grave, desincentivar a las empresas a la creación de más fuentes de trabajo o, al menos, al mantenimiento de las actuales.
