Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México a partir de este 1 de octubre, se espera que su gobierno retome los temas que quedaron pendientes en materia de trabajo, tanto la continuación del nuevo modelo de justicia laboral, previsto desde la reforma del 1° de mayo de 2019, que por cierto pudiera verse afectado con la reforma al poder judicial, como otras iniciativas que pudieran ser clave pues podrían transformar significativamente las condiciones laborales en el país, así como el entorno en el que las empresas operan. Sin duda, los cambios propuestos impactarán tanto a los trabajadores como al sector empresarial, quienes tendrán que adaptarse a nuevas dinámicas.
Uno de los temas más llamativos es la propuesta de duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días. Desde la perspectiva del trabajador, esta medida representaría un incremento significativo en sus ingresos, especialmente durante la temporada navideña, cuando los gastos suelen aumentar. Sin embargo, para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, esto podría traducirse en una mayor presión financiera al tener que cubrir esta nueva condición mínima. Si bien muchas grandes compañías cuentan con los recursos para cumplir con esta obligación, esto, aunado a otros factores tanto laborales como financieros, podrían inhibir nuevas inversiones y, por lo que hace a las PYMES, podrían verse afectadas por la carga que implicaría aumentar el monto del aguinaldo, lo que podría poner en riesgo su estabilidad y, en algunos casos, generar recortes de personal o, incluso, la desaparición del negocio.
La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales también es un cambio que promete mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero no está exento de controversia en el ámbito empresarial. En un país donde las largas horas de trabajo son la norma, este cambio, además de significar un cambio de cultura, podría implicar una reorganización profunda de las dinámicas laborales y la productividad. Aunque estudios internacionales han demostrado que jornadas más cortas pueden mejorar la eficiencia y la salud de los empleados, el reto para las empresas radica en cómo optimizar procesos para mantener o incluso aumentar su productividad con menos horas de trabajo. Esto podría llevar a una mayor inversión en tecnología y capacitación, lo que a largo plazo beneficiaría a las empresas, pero inicialmente podría representar un desafío económico. Una vez más, las PYMES son el sector que pudiera tener más retos ante esta reforma.
La creación de un Sistema Nacional de Cuidados, por otro lado, podría aliviar una de las mayores demandas sociales: el reconocimiento y apoyo a las tareas de cuidado, que mayoritariamente recaen sobre las mujeres. Esta medida, además de fomentar la equidad de género, podría tener implicaciones positivas para las empresas, al facilitar la reincorporación al trabajo de quienes, por razones de cuidado, abandonan temporalmente sus carreras. Sin embargo, la implementación de este sistema requerirá una colaboración público-privada que asegure que tanto el gobierno como las empresas participen activamente en su consolidación. Otro punto que significaría cambio de paradigmas y no sólo una modificación de aspectos legales.
Otros temas pendientes, como la ampliación de los permisos de paternidad, el paquete de reformas para reducir la brecha salarial de género y la erradicación de la violencia y acoso en el trabajo, también conllevan ajustes importantes para los emprendedores. La ampliación de permisos para los padres, si bien responde a una necesidad de equidad y corresponsabilidad en el hogar, significará para las empresas una planificación más rigurosa en términos de reemplazos temporales y continuidad operativa. Respecto a la igualdad salarial, la implementación de políticas más estrictas para reducir la brecha de género podría requerir que las empresas revisen y ajusten sus estructuras salariales, lo que a corto plazo podría ser un reto financiero y organizacional, pero a largo plazo favorecería la atracción y retención de talento, además de mejorar la imagen de la empresa.
Finalmente, la contratación de adultos mayores y personas con discapacidad es una iniciativa que responde a la necesidad de inclusión y diversidad en el entorno laboral. No obstante, también demanda que las empresas adapten sus espacios y procesos para garantizar que estas personas puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva. Esto implicará inversión en infraestructura, accesibilidad y formación continua, especialmente en sectores donde estas poblaciones no han sido tradicionalmente incluidas.
En resumen, la administración de la Doctora Sheinbaum enfrentará el reto de equilibrar las demandas laborales con las realidades sociales y, guste o no, del sector empresarial, que es el que invierte su capital, crea empleos y espera un retorno de su inversión. Si bien muchas de estas reformas son necesarias para mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la igualdad, las implicaciones para las empresas serán significativas. El desafío radica en implementar estos cambios de manera que las empresas puedan adaptarse y prosperar, asegurando así un entorno económico estable y justo para todos. El éxito de estas reformas dependerá, en gran medida, de cómo el gobierno y el sector empresarial trabajen en conjunto para hacer frente a los retos que se avecinan.
Se antoja difícil pues la administración saliente ha sido muy dura con ese sector pero esperemos que se tienen puentes de diálogo y coincidencia entre las partes por el bien de la nación.
