La justicia no se detuvo por completo, pero casi. Desde el 28 de mayo, el Poder Judicial de la Ciudad de México atraviesa un paro laboral que ha implicado la suspensión de miles de juicios y trámites legales. Lo que ocurre no es una simple protesta: es la manifestación de una crisis que lleva años gestándose y que hoy toca fondo.
Son conocidas las tensiones que se dan cuando los derechos laborales colisionan con servicios públicos esenciales. El caso del PJCDMX es ilustrativo: los trabajadores judiciales exigen lo básico para hacer su trabajo —un aumento salarial razonable, equipos funcionales, condiciones dignas— en un entorno en el que las cargas de trabajo aumentan, pero los recursos y el personal no. Por el contrario, las condiciones y elementos de trabajo son cada vez más precarias.
No se trata sólo de computadoras obsoletas o escritorios rotos, así como falta de papel. La protesta también denuncia hostigamiento laboral por parte de algunos mandos judiciales. Un dato especialmente preocupante en un poder del Estado que tiene la responsabilidad de garantizar derechos, no de vulnerarlos.
Este paro ocurre, además, en un momento particularmente delicado: la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha implicado el cierre de juzgados, la redistribución de expedientes y un rediseño institucional que, sin el acompañamiento presupuestal adecuado, solo ha multiplicado la carga de trabajo y la frustración de quienes la enfrentan día a día.
Lo preocupante es que el sistema ya estaba rebasado antes del paro. Los datos oficiales indican que, en promedio, un juicio penal tradicional dura más de 47 meses; uno civil, más de ocho; uno familiar, más de diez. En el caso de los juicios laborales individuales, el promedio es de casi 15 meses. En otras palabras: la justicia, aun sin paros, ya venía tarde.
¿Y qué ocurre mientras tanto? Del lado de los justiciables, los efectos son graves: personas que no pueden acceder a una pensión alimenticia, resolver un divorcio, recuperar su patrimonio o defender sus derechos laborales. Del lado institucional, se acumulan más de un millón de promociones mensuales que no se han podido atender. Y en el fondo, lo que se deteriora es la credibilidad del sistema mismo.
Es momento de reconocer que no se puede pedir eficiencia sin inversión. Que no se puede modernizar la justicia sin infraestructura, ni exigir compromiso a los trabajadores sin condiciones que lo permitan. Pero también es necesario salvaguardar el derecho de las personas a una justicia pronta y expedita. Lo uno no puede ser excusa para lo otro. En la impartición de justicia no caben ahorros mal entendidos.
No puedo más que invitar a una reflexión seria y despolitizada sobre el rumbo que está tomando el Poder Judicial de la capital de la nación. Este paro debe verse como un punto de inflexión, no como un incidente pasajero. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a repensar el modelo de justicia que queremos para el futuro: más ágil, más humana y con mejores cimientos laborales para quienes la hacen posible.
Porque cuando la justicia se detiene, no se detiene un poder: se detiene un derecho.
Andrés Rodríguez Rodríguez
Socio Laboral del bufete Santamarina y Steta
