Pegaso era hasta el año pasado un célebre caballo alado de la mitología y un extraordinario libro de Rafael Tovar y de Teresa. Su forma Pegasus se convirtió en moneda corriente a partir de junio de 2017 cuando el New York Times dio a conocer un informe de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, donde se informaba que con un software así llamado, de manufactura israelí, el gobierno mexicano espiaba a periodistas, académicos, abogados y defensores de derechos humanos.
El proceso es simple en términos técnicos. Se envía un mensaje a un teléfono celular con algún título atractivo para el destinatario, quien pulsa la liga que acompaña el texto y en ese momento, en automático, se instala el malware en el dispositivo, que permite acceso al contenido, a la cámara y además activa el micrófono aun en modo de reposo o apagado.
La labor de espionaje tiene larga data. Basta recordar aquella llamada reveladora de tropelías entre los hermanos Salinas de Gortari que el presidente saliente Ernesto Zedillo filtró para desacreditar a su antecesor, que lo acusaba del “error de diciembre” en un voluminoso libro seguido de varias entrevistas.
Aunque hay espionaje de gobierno y otro puramente doméstico, como el que se dirigió al empresario Kamel Nacif, armado desde su propia casa, para destapar el escándalo del “góber precioso” Mario Marín y la trama contra Lydia Cacho.
A la denuncia de los destinatarios del malware la PGR respondió con la intención de investigar toda una serie de casos de espionaje, lo que de entrada desvirtuaba la demanda concreta de atender el caso divulgado por la ONG canadiense. Más desvirtuó el asunto la declaración presidencial tres días después, condenando la denuncia y amenazando con proceder contra los quejosos, lavándose las manos y reconociendo que él mismo se siente espiado, por lo que es cuidadoso con lo que habla por teléfono.
Horas después Peña Nieto se desdijo de su intención de proceder contra los denunciantes. El 19 de junio, Milenio informó que Pegasus fue terminado de instalar en la PGR en marzo de 2015, con Arely Gómez como titular; que había sido adquirido en octubre de 2014, cuando despachaba como procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón era el director de la Agencia de Investigación Criminal, y que el 10 de noviembre de 2015, cuando se produjeron los intentos de violación de teléfonos, el malware estaba en manos de Christian Noé Ramírez, entonces jefe de la Oficina de la procuradora.
Que la indagación no haya prosperado hasta la fecha, bien puede argumentarse, desde el lado oficial, con la negativa de varias virtuales víctimas a entregar sus dispositivos, pero resulta increíble que si solo un pequeño grupo de 25 personas conocía el programa, capaz de espiar de forma simultánea a 500 personas, no se pueda determinar quién de ellos decidió lanzar la carnada a los artefactos de los periodistas y defensores de derechos humanos, ¿quién les dio esa orden?
Por supuesto, algo tan simple es imposible con la burocracia mexicana. El asunto fue más allá de la PGR, pasó por el INAI y acabó en el Congreso, donde se han pedido cuentas a los funcionarios sin llegar a nada.
El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, descartó de entrada que el Cisen haya adquirido el programa israelí, que se sabe sí está en manos de 11 gobiernos estatales relacionados con Grupo Tech Bull, la firma intermediaria en la venta.
Pegasus será, sin margen de error, una denuncia más que se quedará en el camino, una estadística para confirmar la histórica impunidad de 98% que impera en México.
