Apenas en abril pasado, en medio del escándalo que significa Aguililla para cualquier espacio de autoridad que se precie de vivir bajo la figura del estado de derecho, Silvano Aureoles fue videograbado mientras salía furioso de un vehículo militar, rodeado por guaruras, para empujar a un ciudadano que se identificó como profesor de la CNTE y demandaba al gobernador de Michoacán que viajara por tierra para que se enterara de la violencia imperante, de los bloqueos, y no en helicóptero.
La exhibición de fuerza y prepotencia tuvo lugar cuando más ardía esa región, visitada incluso por el propio nuncio apostólico, que recorrió una zona devastada por el crimen, expulsora de ciudadanos que se niegan a sobrevivir como rehenes del narcotráfico, asedio que se replica en otros municipios, como la región aguacatera que ahora se arma para defenderse de las extorsiones, como ilustra la nota de mi compañera Selene Flores en esta edición.
Gobernador bajo las siglas del PRD primero, entusiasta porrista del priista José Antonio Meade después, Aureoles hoy se sabe en el cadalso, a dos meses del fin de su gestión, con figuras de Morena y Palacio Nacional contando los días para ir a por él. En la preparación de su defensa, tuvo la peor idea: acusar al partido del Presidente de narco, exhibir unas audiocintas y exigir la anulación del resultado electoral en su entidad.
Zapateando en medio de fango que son los números que deja en Michoacán, Aureoles va en camino de engrosar las filas de los ex gobernadores que acaban en líos con la justicia. A diferencia de Mario Villanueva, que quiso arreglarse sin éxito con Ernesto Zedillo antes de acabar su gestión en Quintana Roo, el michoacano ha optado por la confrontación, especialidad en la casa Morena, para contrarrestar la inminente persecución en cuanto salga del palacio de Morelia.
Los números son contundentes: Michoacán es cuarto lugar en ejecuciones este año, quinto en población analfabeta, segundo en esperanza de escolaridad (solo rebasado en ese infame renglón por Oaxaca) y undécimo en pobres. Sin contar la omisión en el combate al crimen y las eventuales irregularidades en el manejo del erario, para donde apuntan sus detractores. _
Alfredo C. Villeda
@acvilleda
