No es lo mismo informar que rendir cuentas, lo primero implica que el gobernante dé a conocer la situación que guarda toda administración pública, que incluye ingresos y gastos, pero lo más importante es que se nos explique el porqué de las decisiones tomadas, y sí las acciones tomadas sirvieron para alcanzar los objetivos que tenemos como sociedad, es decir, rendición de cuentas.
Podemos hablar de logros y resultados desde una visión gubernamental (parcial, de arriba hacia abajo), pero la opinión de la ciudadanía ¿dónde queda?, por qué no es lo mismo solamente informar, que rendir cuentas.
En una democracia quienes gobiernan y sus funcionarios, deben informar sobre sus decisiones y deben justificarlas ante la sociedad, así como sancionar a los servidores públicos en caso de que hayan violado sus deberes.
Por ello no sólo es informar, porque sin rendición de cuentas no hay sanciones para los políticos, funcionarios o representantes que abusan del poder, utilizando el cargo público para enriquecerse y favorecer a sus allegados.
De los informes de gobierno que se han presentado y presentarán en Hidalgo, queremos como sociedad que justifiquen, expliquen, informen y se evalúen todos sus actos, que rindan cuentas (con el acompañamiento de la ciudadanía) sobre los resultados de su gestión, el logro de las metas trazadas en los planes de desarrollo, y el buen manejo de los recursos públicos, sean financieros, humanos, materiales, etc.
Para ello necesitamos que el Congreso haga su parte, que la Auditoria Superior del Estado haga su trabajo, que los cabildos (que aún no son democráticos) asuman la responsabilidad de aprobar informes de gobernantes que abusan del poder, porque al ser comparsas de los malos gobiernos, también deben ser también sancionados.
Por el momento, a tres años del gobierno estatal y a un año que terminen las actuales presidencias municipales, solamente escuchamos y vemos un sinfín de propaganda relacionada al “excelente trabajo de los gobernantes”, sin embargo, los mejores gobiernos son aquellos que logran que la ciudadanía tenga un rol activo en las decisiones públicas, favoreciendo verdaderos controles de los recursos públicos y de las acciones gubernamentales y que además sean parte de los procesos de toma de decisión, elaboración de presupuestos y control de gastos.
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