No, no olvidamos a todas y todos nuestros estudiantes que fueron asesinados, encarcelados o desaparecidos en aquel triste episodio de nuestra historia, como fue la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
Han pasado 50 años de una de las violaciones a derechos humanos más graves de las que se tenga memoria en nuestro país, y aún no podemos decir que se haya llegado a la verdad y a la justicia.
No tenemos certeza de lo ocurrido en ese grave acto de barbarie, con un gran número de víctimas directas e indirectas, y por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad de reunión, libertad de expresión, protesta social pacífica y legalidad permanecen impunes.
Por tal motivo, en medio de un contexto político y social, de cambio y transformación es necesario que uno de los primeros ejercicios de diálogo y apertura para la construcción de la verdad y la reconciliación se diera sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.
Que se conozca la verdad, por el bien de la reconciliación y resiliencia nacional, que todas las autoridades e instituciones vinculadas, claramente sean señaladas.
Ante la corrupción y el abuso del poder, combatir la impunidad es el gran salto que necesita el régimen político. Porque la construcción de un nuevo paradigma social debe estar fundado en la paz, en el diálogo y apertura para reencontrarnos con nuestro pasado, solo así, podemos reconocer, asumir y actuar ante nuestra realidad.
Porque sin verdad no habrá verdadera justicia, ante la corrupción y el abuso del poder, #CeroImpunidad. Ya no más, una aplicación parcial y condicionada de las normas y leyes. El simular castigos a los corruptos, no es justicia, solo legaliza la impunidad y la preserva.
No vamos, ni podremos transformar la realidad de nuestro país sobre la base del olvido y la simulación. Lo ocurrido hace 50 años en Tlatelolco forma parte de nuestra memoria histórica y de toma de conciencia sobre el México que hemos sido, el que somos y el que queremos ser.
Nunca olvidaremos a nuestras hermanas y hermanos estudiantes, que fueron víctimas de un régimen opresor y autoritario. Porque el movimiento del 68 marca el surgimiento de la conciencia sobre la relevancia de los derechos de la sociedad mexicana.
A cinco décadas, su lucha no se olvida, está presente y más viva que nunca, en cada derecho y libertad adquirida. Por eso, seguiremos insistiendo en la necesidad de contar con organismos constitucionales autónomos, como contrapesos efectivos frente al autoritarismo y los abusos del poder, así como mecanismos de garantía del régimen democrático y las libertades, porque es un logro más, del movimiento estudiantil.
Recordar el 68 es rendir un homenaje a las y los jóvenes universitarios, valientes y comprometidos, que defendieron no solo la autonomía universitaria, sino el respeto a la democracia, y evitar el abuso del poder, del cual fueron víctimas.
Por eso, no podemos dejar de denunciar los abusos cometidos por el poder, si queremos vivir en paz, y que no se repitan estos hechos de barbarie, que permita superar los esquemas autoritarios que aún no son erradicados por completo.
Nunca más otro 2 de octubre
No queremos otro 2 de octubre, por eso, el Estado debe optar en todo momento por el respeto a la dignidad de las personas y el fortalecimiento y desarrollo democrático frente a cualquier tentación autoritaria.
Ante ello, es necesario y urgente una Fiscalía General de la República y una Fiscalía Anticorrupción, verdaderamente autónomas, que genere certidumbre y confianza en su desempeño, así como fortalecer real y efectivamente la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos de protección y defensa de los derechos humanos.
Es prioritario tener mejores leyes e instituciones que propicien mayor vigencia y respeto de los derechos fundamentales ante la real, debilidad del Estado de derecho, con una grave crisis ante la impunidad existente, lo que podrá cambiarse si se genera certeza razonable de que las normas efectivamente se van a aplicar en un caso concreto, con independencia de quienes sean las personas involucradas y dejando de lado toda práctica de corrupción.
Debe quedar claro que los organismos de Derechos Humanos no son una institución del Estado mexicano, ni una institución de gobierno, son patrimonio de la sociedad civil, porque a ella se deben y en particular a las víctimas, quienes han sufrido algún abuso del poder.
Si una comisión de derechos humanos, no lo entiende, perderá presencia, y se mantendrá en el ostracismo, porque sin autonomía e independencia, solamente se convierte, en una oficina más, en detrimento social.
Esta semana nuestro país recordó uno de los episodios más oscuros de su historia, que implicó muchos y graves violaciones a los derechos humanos, que permanecen impunes, que se ejecutaron al amparo de una estructura institucional y jurídica que no contemplaba contrapesos reales y efectivos ante los abusos del poder, ni asumía el reconocimiento y respeto de la dignidad humana como prioridad en la actuación pública.
¿Cuál será el papel que asumirá la comisión de derechos humanos en Hidalgo? Comparsa o contrapeso. Porque a 50 años de la matanza estudiantil, nuestro país, y nuestro estado, aún enfrentan muchos problemas ante los cuales la institucionalidad democrática ha permitido la alternancia en el poder y el amplio catálogo de derechos constitucionales que permiten alzar la voz para condenar y exigir justicia por el 68, por Ayotzinapa, y por cada caso de violación a derechos humanos.
Seguiremos alzando la voz, por una efectiva procuración e impartición de justicia para terminar con la impunidad, la corrupción y el déficit de legalidad que nos aquejan.
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