Sin duda alguna como un gran triunfo en favor de los derechos humanos, se debe tomar la resolución emitida el pasado 31 de julio por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Comité), en la que determinó que el Estado mexicano vulneró los derechos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Quien fue víctima de tortura física y psicológica, tratos crueles, detención arbitraria y violación a su libertad de expresión.
Esta importante e histórica resolución es resultado de la solicitud presentada por Lydia Cacho ante el Comité, con el acompañamiento de Article 19, quienes denunciaron los abusos de poder, que resultaron en la violación de distintos derechos humanos, como consecuencia de los hechos ocurridos en diciembre de 2005, cuando fue detenida en la ciudad de Cancún por servidores públicos de Quintana Roo y Puebla, como consecuencia de la denuncia que presento Jean Succar Kuri por los delitos de difamación y calumnia.
Lo anterior a raíz de la publicación de Lydia Cacho que evidencio una red de pederastia y abuso sexual contra menores, liderada por Succar Kuri, a quien por cierto, esta misma semana le ratificaron su sentencia de 112 años de prisión.
Hay que mencionar que la detención de Lydia por los delitos de difamación y calumnias se debió a la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, donde señaló la participación de autoridades públicas y empresarios de alto nivel en calidad de responsables o encubridores de una red de pornografía infantil.
Por lo que el Comité dijo que la difamación nunca debe conllevar a una pena de privación de libertad como castigo, ya que no es una medida necesaria ni proporcional. Por tal razón, se considera, le fue vulnerado su derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto).
Tras analizar el caso, el Comité advirtió muchas irregularidades cometidas por las autoridades mexicanas, por lo que determinó que el trato al que fue sometida Lydia Cacho durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, fue una clara violación al artículo 7 del Pacto, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Comité también determinó que Lydia Cacho sufrió maltratos discriminatorios, relacionados por razón de sexo, esto en relación a los comentarios sexuales vertidos, así como el trato y la violencia de género infligida, lo que constituyó otra violación al artículo 3 del Pacto que ordena a los Estados garantizar la igualdad en el goce de derechos a hombres y mujeres.
De acuerdo al Comité, fue arbitraria su detención y reclusión como castigo por el ejercicio legítimo de los derechos garantizados en el Pacto, como es la libertad de expresión, y su detención no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto.
Por lo anterior, el Comité determinó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar un recurso efectivo a través de una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia Cacho.
Se tiene que procesar, juzgar y castigar a las personas responsables con penas adecuadas y ofrecer una compensación a la víctima. Además, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se presenten similares violaciones en el futuro en contra defensores, defensores y periodistas, lo que implica la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Por ello se deben despenalizar los delitos contra el honor, (difamación, calumnias e injurias), o aquellos que puedan ser utilizados en contra de quien ejerce la libertad de expresión.
Actualmente solo Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán, Zacatecas e Hidalgo, mantienen tipos penales que pueden ser utilizados en contra de periodistas o defensores de derechos humanos que en ejercicio de su libertad de expresión señalen la mala actuación de las y los servidores públicos o particulares.
Por ello, otro reto para el estado, a través de la legislatura local, será garantizar la libertad de expresión, y sobre todo, adecuar los marcos legales para que no se utilice el derecho penal para castigar a las y los defensores y periodistas por hacer uso de la libertad de expresión, y manifestación.
POR UNA CDHEH AUTÓNOMA
Sin duda alguna, se necesita una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que sea fuerte y un ejemplo a nivel nacional.
Para que ello ocurra, se necesita ciudadanizar la comisión para garantizar su autonomía, que permita hacerle frente a los grandes retos, después de 5 años de ostracismo en materia de derechos humanos.
Por ello se requiere de un liderazgo ciudadano e independiente, para actuar con autonomía frente a cualquier embate, actuando de manera colectiva, sin sesgos personales o de grupo.
Hidalgo nos necesita a todas y todos, trabajando por la igualdad de derechos. Es momento de trabajar con pasión, estableciendo efectivos canales de dialogo, teniendo como bandera común, el establecimiento pleno de los derechos humanos, y la no discriminación. Sin duda alguna, se necesita realizar un trabajo de 10 años, en tan solo 5 años, considerando que del 2013-2018, no hubo avances en la comisión.
Por ello, se requiere un trabajo amplio, con las organizaciones civiles, y con las y los activistas, para que de manera colectiva, se construya y trabaje en favor de los derechos humanos. Y poder presentar las propuestas de reformas necesarias, para que Hidalgo se armonice en materia de derechos humanos.
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