Con la aprobación del decreto de Ley General de Educación Superior el pasado 9 de marzo de 2021, en la cual se establece en los artículos transitorios que “dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la Universidad Pedagógica Nacional, a través de su Consejo Académico, convocará a un espacio de deliberación y consulta con el propósito de analizar la viabilidad de modificar su naturaleza jurídica”, la UPN se coloca en una encrucijada más de su vida institucional.
Recordemos que a la entrada del gobierno de la Cuarta Transformación, las expectativas por atender las múltiples problemáticas de la UPN y sus Unidades en las entidades federativas, eran muy altas, particularmente por la narrativa de la propia Subsecretaría de Educación Superior que alentó la posibilidad de un “congreso universitario” para la refundación de la UPN, donde los “universitarios dijeran y construyeran la universidad que quieren”, cuestión que en el trayecto de los dos primeros años se fue diluyendo, tanto por la apatía y estrategias dilatorias por parte de las autoridades como por la pandemia en las nos vimos envueltos. Las expectativas y los ánimos entonces, fueron decayendo. En este contexto, las problemáticas se agudizaron en el ámbito laboral, académico, estudiantil, presupuestal e institucional (Ajusco y algunas Unidades), sin que se encontrara una interlocución abierta y decidida por parte las autoridades.
El Congreso Universitario por fin dio luces a finales del año pasado con una serie de inconsistencias y tentativas autoritarias para la toma de decisiones, a lo que se agrega el carácter excluyente al dejar fuera de su participación a un número importante de trabajadores docenes y no docentes que por no tener la condición de base se vieron excluidos de participar. De la misma manera, la comunidad estudiantil se ha visto excluida. Entre otros factores, esto se debe a los casi nulos canales de comunicación que se han considerado. Todas estas irregularidades han sido denunciadas por el Grupo Nacional de Refundación de la UPN, que aglutina a un importante número de docentes y no docentes de todo el país, y también por otros académicos y no docentes de diversas Unidades, sin que haya respuesta por parte de Rectoría o intenciones de cambiar el rumbo del Congreso.
Ahora, en la UPN y sus Unidades se abre una posibilidad más de pensar y repensar su vida institucional y el rumbo que seguirá. La Ley General de Educación Superior, después de 29 años, les mandata deliberar sobre su naturaleza jurídica, por las implicaciones que tiene este asunto estructural en las cuestiones de financiamiento, vinculación, proyecto académico-institucional, situación laboral y sindical, así como de infraestructura y equipamiento. Para concretar una verdadera deliberación y consulta, el Consejo Académico de la UPN debe mostrar la apertura y altura de miras para escuchar propuestas de tres sectores de la comunidad universitaria. _
Alfonso Torres
