E l transporte público es uno de los espacios en donde la democracia floreció en la Europa del siglo XIX, juntos con los cafés, como punto de encuentro entre ciudadanos de todo tipo. Las ciudades de los países desarrollados tienen todos los días en sus autobuses, metros y trenes a personas de todos los estratos sociales. El transporte es democrático porque es incluyente; niños, mujeres y adultos mayores lo utilizan, así como trabajadores y estudiantes. El transporte público representa las verdaderas arterias de las ciudades. De esa ciudad, la máquina más compleja que los seres humanos hemos construido a lo largo de los siglos desde los inicios de nuestra civilización, se mueve por este medio para llevar a sus habitantes a sus sectores productivos: trabajos, escuelas y lugares de esparcimiento. Su fracaso significaría un golpe letal, que haría colapsar a las ciudades cambiando radicalmente nuestro estilo de vida. Hoy, en tiempos del Covid-19, el transporte público (y privado) a nivel mundial está al punto del colapso.
A partir de la propagación del virus que ha puesto al planeta entero de cabeza y con las medidas de distanciamiento social impuestas por gobiernos de todo tipo para contrarrestar la propagación del virus, los servicios de transporte público a nivel mundial han sufrido la pérdida de entre 70% a 90% de sus usuarios (Moovit, 2020). Además, los servicios de transporte han tenido que adoptar políticas de sanitización constante en sus unidades y estaciones, para poder seguir proveyendo de servicio a los sectores productivos que no pueden parar, aumentando los costos de operación de manera significativa. De igual manera, los sistemas de transporte han tenido que dotar de herramientas e insumos para la protección de sus operadores y empleados, para reducir la posibilidad de contagio. Solo en la ciudad de Nueva York, el virus ha cobrado la vida de 83 operadores del transporte público reportados hasta el 23 de abril del año en curso.
Todo lo anterior y a la par de la informalidad de los distintos modelos de transporte en países en desarrollo como el nuestro, con modelos arcaicos en donde no existe una integración en el sistema que pueda abaratar los costos de operación con economías de escala y una gestión centralizada que permita ampliar las zonas de servicio compensando los recursos de las pérdidas de rutas de bajo pasaje con los ingresos de las de mayor, están en mucho mayor riesgo de colapso.
El modelo del “hombre camión” en Jalisco, que ya venía agonizando por la fuerte presión social y su inviabilidad financiera, que como consecuencia desempeñó durante décadas un pésimo y peligroso servicio de transporte público que cobraba hasta hace unos años un promedio de 50 víctimas mortales al año, ha recibido un golpe mortal por el Covid-19. Si el modelo financiero de los sistemas de transporte público mundial están al borde del colapso, el sistema del hombre camión se puede decir que ha terminado de morir (por el bien de todos).
Si este panorama no fuese lo suficientemente desesperanzador, existe un problema más con el tema del pasaje. Datos arrojados de la crisis financiera del 2008, en donde empresas de transporte en Nueva York se vieron obligados a bajar el número de frecuencia de paso para ahorrar costos y en algunos casos cortaron el servicio; más de una década después, las frecuencias de paso no han vuelto a la normalidad y el número de pasajes cayó de manera considerable perjudicando de nueva cuenta los ya de por sí frágiles ingresos financieros (Citylab, 2020).
Ahora bien, ¿qué pasos y acciones tendrán que tomar los gobiernos de distintos niveles de todo el planeta para evitar el colapso de este sistema, así como de muchos otros que esta crisis ha venido a evidenciar y poner en jaque? La respuesta, aunque nada sencilla, tendrá que ver sin duda con el llamado “regreso del Estado”. El Estado con un papel más preponderante para poder cubrir las omisiones, límites y distorsiones del mercado en sectores estratégicos como la movilidad, los servicios de salud, educación, entre otros.
Expertos e instituciones en el tema de movilidad a nivel mundial como el Citylab, BID transporte, el Banco Mundial, entre otros, han enumerado una serie de acciones que se podrían llevar a cabo para mitigar las afectaciones a este estratégico servicio de carácter público.
El primer paso será realizar un análisis financiero profundo para calcular el daño que tendrá el sistema de transporte en el corto, mediano y largo plazo. El segundo, y seguido a partir de este análisis, sería inyectar los recursos necesarios por medio de subvenciones y líneas de crédito preferenciales para evitar el colapso financiero inmediato. Estas medidas se pudieran enfocar únicamente en los modelos formales de transporte como el de la ruta empresa, como incentivo para terminar de integrar a los agonizantes del hombre camión. Un poco imitando las políticas de Dinamarca y Francia de no rescatar con dinero público a empresas en paraísos fiscales, que a su vez el hombre camión asemeja.
Estos empréstitos serían adquiridos por parte de los distintos niveles de gobierno, federal y estatal en específico; para no afectar la ya delicada situación económica que golpea cada vez con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la población. Hablar en este momento de cobro de nuevos impuestos o de aumentos a la tarifa es un contrasentido y a la vez tentación de administraciones gubernamentales con poco uso de imaginación e innovación financiera.
Importante aclarar, las subvenciones tendrían que ser otorgadas con total transparencia y con reglas de operación claras, como todo programa de gobierno financiado con recursos públicos está obligado a tener. Antes de terminar de escribir este artículo, un diario de circulación local publicaba una nota acerca de un conflicto de interés con una de las empresas proveedora de los equipos de prepago, que a la vez son subsidiados una parte por el gobierno, son accionistas los mismos transportistas. Abonando en nada, a la aplicación de esta política.
Por último, el panorama en México para llevar a cabo este tipo de acciones se ve ensombrecido por la postura del gobierno federal en su negativa de adquirir deuda, como lo están haciendo la gran mayoría de países en el mundo, para activar medidas contracíclicas que nos permitan paliar las consecuencias de la desaceleración económica que se vive por la pandemia. Los más afectados por esta decisión, a parte de la población más vulnerable, serán las entidades federativas y, en especial, los que por mucho tiempo llevan siendo el eslabón más débil de los niveles de gobierno en nuestro país: los municipios. La crisis está aquí, lo que tardemos en reaccionar definirá el precio a pagar. Por el bien de todos... que sea el menor.
