Cuando se ve desde la Oficina Oval, no es difícil presentar el argumento a favor de que tiene sentido que el gobierno estadunidense tome una participación importante en el fabricante de chips Intel. Si se ve desde otra perspectiva, el plan se encuentra entre lo inútil y lo peligroso.
No se trata de que el gobierno y las empresas no deban mezclarse, per se. El sector estadunidense de chips ya es un producto del apoyo del Estado. Desde la época de Fairchild Semiconductor, los innovadores disfrutan de contratos, subvenciones, préstamos baratos y exenciones fiscales de forma abundante.
Las compañías eléctricas y de electrónica han recibido más de 32 mil millones de dólares desde 1989, de acuerdo con estadísticas del Good Jobs First Subsidy Tracker (Rastreador de Subsidios Buenos Trabajos Primero), sin incluir los préstamos y los aproximadamente 50 mil millones de dólares prometidos bajo la Ley Chips de 2022.
Para un presidente con mentalidad transaccional, el cálculo es bastante claro: dada tanta generosidad, ¿por qué no exigir algo a cambio? Las administraciones anteriores probablemente se dieron cuenta de que las recompensas vienen en otras formas, como la prosperidad nacional y la grandeza global. Pero convertir en capital las subvenciones y otros beneficios etiquetados para Intel genera una rentabilidad más tangible de esa inversión.
Tanto estratégica como financieramente, tomar una participación en Intel debe ser atractivo. La compañía es demasiado importante para quebrar, ya que aún domina la única fuente sustancial de producción de chips de vanguardia controlada por Estados Unidos. El gobierno estadunidense en varias ocasiones acabó con participaciones en empresas en crisis, desde AIG hasta General Motors. ¿Por qué no invertir, de manera preventiva, si con eso se reduce la probabilidad de fracaso?
Para un accionista de Intel, una inyección de capital del Tío Sam incluso puede llegar con beneficios modestos. El visto bueno de Trump puede atraer a otros inversionistas que deseen ser vistos favorablemente por la administración —como SoftBank, de Japón, que acordó el lunes una inversión de 2 mil millones de dólares en Intel— o atraer nuevos clientes para sus chips informáticos. El efectivo no solucionará el fracaso pasado que tiene la compañía en innovación, pero ayudará a contrarrestar el efecto de sus pérdidas financieras.
El riesgo radica en que los inversionistas gubernamentales tengan un incentivo para instar a las empresas a hacer cosas que otros accionistas preferirían que no hicieran. Por ejemplo, Intel recientemente desaceleró la construcción de su megaplanta en Ohio, una medida que podría ser más difícil de realizar con el gobierno en el registro de accionistas. Lo mismo ocurre con la idea de deshacerse del problemático negocio de fabricación de chips para terceros de Intel, algo que los analistas de Citigroup, entre otros, a menudo argumentan que tiene sentido.
Una pregunta importante es si la Casa Blanca realmente necesita acciones para salirse con la suya. Las empresas, por lo general, se doblegan ante el presidente Trump sin necesidad de ese tipo de vínculos. Descartaron las políticas de diversidad, modificaron productos, volaron a su mansión de Florida y prometieron enormes inversiones. La reciente y fugaz petición de Trump de que se destituya al director de Intel, Lip-Bu Tan, sin duda llamó la atención.
En ese sentido, que el gobierno se convierta en inversionista en empresas que considera importantes —después de las intervenciones directas en acero y minerales críticos— simplemente ratifica la realidad. Cuando la Casa Blanca llama, el director ejecutivo responde. Pero es una realidad que los inversionistas tienen pocos motivos para celebrar.
Negocian 10%
La Casa Blanca aseguró que estaba “afinando los detalles” de un acuerdo para que el gobierno estadunidense tome una participación de 10 por ciento en Intel.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Howard Lutnick, secretario de Comercio, estaba discutiendo los términos del inusual acuerdo, días después de que los informes de las discusiones causaran un repunte en el precio de las acciones de Intel.
“Sé que el secretario Lutnick está trabajando en ello y ultimando los detalles, pero el presidente quiere priorizar las necesidades de EU, tanto desde una perspectiva de seguridad nacional como económica”, señaló.
