Si se necesita la colaboración de todos para criar a un niño, se necesita todo un ecosistema industrial y financiero para construir una planta de microchips de vanguardia. Basta con preguntarle a la empresa líder mundial de procesadores, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), que fabrica 90 por ciento de los circuitos integrados de mayor desempeño del mundo. Desde su creación en 1987, la firma se benefició de un enorme apoyo gubernamental y se asoció con varios inversionistas, empresas e instituciones educativas locales, tejiendo una red de innovación extraordinariamente compleja. Es mucho más que una compañía privada; se la ha descrito como un proyecto del Estado taiwanés.
En su afán por repatriar la capacidad de fabricación de chips a EU, Donald Trump se disfraza de planeador industrial taiwanés. El gobierno estadunidense se está convirtiendo en el mayor accionista de Intel al tomar una participación de 10 por ciento en el capital de la empresa de chips, que se encuentra en dificultades. El objetivo es fortalecer la capacidad de fabricación estadunidense y “hacer que Intel sea grande” de nuevo. Lo ve como otro “trato” del que su administración puede beneficiarse.
El problema es que el presidente parece carecer de estrategia, recursos y capacidad de atención necesarios para recuperar el rumbo de la compañía que mantiene números rojos. En cambio, su intromisión intermitente en las operaciones de otra empresa privada puede hacer más daño que bien.
Sin duda existen sólidas razones económicas y de seguridad nacional por las que EU debe querer reconstruir su capacidad de fabricación de chips. La extrema dependencia tecnológica del mundo occidental de las plantas de semiconductores de Taiwán constituye una enorme vulnerabilidad geoestratégica. La administración Trump presiona a fabricantes extranjeros de chips, como TSMC, para que abran plantas en EU con cierto éxito. Pero también quiere impulsar alternativas locales, en particular Intel, una estrella caída del sector de tecnología de EU.
Que el gobierno convierta en capital los 8 mil 900 millones de dólares en subvenciones que se han otorgado a Intel en virtud de la Ley de Chips no es la idea más descabellada. De hecho, la medida fue respaldada por una amplia coalición de políticos, incluido el senador de izquierda Bernie Sanders, cuando la administración Biden adoptó por primera vez la ley en 2022. La administración Trump dijo que la participación en Intel no tendrá derecho a voto.
Sin embargo, el modus operandi de Trump consiste en tratar al sector privado como un juguete del poder ejecutivo. No hace mucho Trump exigía el despido del director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, por sus anteriores tratos comerciales con China. También describió la Ley de Chips como algo “horrible, horrible”.
La administración ya alcanzó un acuerdo con Nvidia y AMD que les permite exportar chips a China a cambio de ceder 15 por ciento de las ventas relacionadas al gobierno. También negoció una “acción de oro” en US Steel a cambio de aprobar su adquisición por parte de Nippon Steel.
No es difícil imaginar que Apple y Nvidia pronto se verán sometidas a una gran presión para comprar más chips de Intel. Sin embargo, los clientes extranjeros de Intel podrían mostrarse mucho más recelosos de tratar con una entidad relacionada con el gobierno estadunidense. El presidente hizo la promesa de más acuerdos similares a los de Intel.
Las intervenciones arbitrarias de Trump en la economía evocan más la forma en que operan regímenes despóticos, como Rusia o China, que las prácticas tradicionales del campeón mundial del libre mercado. Es posible que en algunos sectores con alta inversión en investigación y capital, como el de los semiconductores, el apoyo gubernamental sostenido sea indispensable. Pero, como lo demuestra TSMC.
El éxito corporativo en la industria se basa en forjar relaciones de confianza duraderas con clientes y partes interesadas, más que en buscar la gratificación de aventuras transaccionales de la noche a la mañana.
