El Consejo Mexicano de Energía (Comener) entregó una propuesta al poder legislativo para cambiar las limitaciones de las asociaciones público-privadas (APPs) tradicionales para impulsar el desarrollo de infraestructura, sobre todo en energía.
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El presidente del organismo, Juan Acra, destacó, por medio de foros que se desarrollaron en el marco del análisis del Plan México y de la discusión de la Ley de Infraestructura para el Bienestar, la urgencia de elevar la inversión en infraestructura a por lo menos 5 por ciento del PIB anual, como condición indispensable para garantizar crecimiento económico y bienestar social.
“La infraestructura y la energía deben ser motores de desarrollo integral; es necesario un compromiso serio con la inversión responsable y con la generación de confianza para atraer capital nacional y extranjero”.
“Hemos analizado a profundidad el Plan México propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, y vemos en él una hoja de ruta integral que puede llevar a México hacia un futuro energético más sostenible y robusto", explicó Juan Acra.
Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar enfatizó que la meta es incrementar la inversión hasta alcanzar el 30 por ciento del PIB hacia 2030, con significativa participación del sector privado, bajo la rectoría del Estado y en estricto apego a la disciplina fiscal.
El diálogo también fue respaldado por líderes empresariales y del sector de la construcción, como Sandra Miranda Navarro, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, y Arnulfo Martínez Sánchez, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, quienes coincidieron en que la suma de esfuerzos permitirá que la infraestructura deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todas las comunidades.
Acra dijo que los encuentros demostraron que la clave del éxito radica en articular esfuerzos público-privados que fortalezcan la infraestructura, asegurando que los proyectos estratégicos lleguen a colonias, municipios y comunidades históricamente rezagadas.
Insistió en qué el futuro energético e infraestructural de México depende de mantener este diálogo abierto y constante, en el que el sector privado participe no solo como inversionista, sino como socio activo en la ejecución de las transformaciones que el país demanda.
FC
