Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat), indicó que es indispensable que el sector transportista reciba un pago justo por su trabajo y expresó que no es posible que la tarifa en la entidad se defina por un estudio económico que data de 2017.
Pese a las mesas de diálogo no hay avances y el tema está en manos del Instituto del Transporte.
“Independientemente del mal servicio que brindan algunos operados, es importante rescatar no solamente el quebranto de las empresas formales que tributan y son pocas. Hoy en día la anarquía y la falta de un Estado de Derecho está motivando a que la economía informal o el transporte regular opere consumiendo huachicol, usando refacciones robadas o vehículos de dudosa procedencia, incluso le paguen a un líder y brinde un servicio lamentable”, declaró.
El estudio de 2017 -dijo- permitió aumentar la tarifa en 2019, dos años después, y aunque en su momento solo fue un paliativo, hoy los operadores tienen el mismo ingreso de hace 8 años, que no les permite subsistir.
“No hay una utilidad justa para los operadores, los mecánicos, los lavadores de los autobuses o para quienes arriesgan su patrimonio”, expresó.
Instituto del Transporte fijará la nueva tarifa
Aunque hay quienes dicen que el tema está en manos de la gobernadora -aclaró- no es así, está en manos del Instituto de Transporte, el cual debe ser autónomo y hablar con toda claridad del ejercicio financiero, pues de entrada un transportista no gana 7 mil pesos.
En 2019 -explicó- el salario mínimo estaba en 80 pesos en promedio, hoy está en casi 300 pesos, el litro de combustible pasó de 17 a casi 27 pesos y los ingresos son menos, aunado a que los usuarios han cambiado de hábitos.
“Los ingresos son menos porque hoy la gente ocupa menos nuestro transporte, prefiere vehículos ilegales, la motocicleta, los mototaxis, los taxis colectivos, las vagonetas que están prohibidas o los autobuses sin placas, hay una anarquía completa”, explicó.
Piden a ciudadanos concientizarse sobre el trabajo de los choferes
Ante la marcha que se tiene programada el domingo 17 de agosto por parte de colectivos que se oponen al ajuste de la tarifa, López Nava expresó que se trata de una falta de respeto al derecho de los operadores a tener un salario justo.
“Lo importante es que salgan a marchan los ciudadanos que están bien informados y no que no haya detrás un interés político para desestabilizar como lo hicieron en la universidad”, declaró.
Invitó a los usuarios a laborar un día con los operadores del transporte y ver en qué condiciones lo hacen, ya que no hay para buses ni un carril exclusivo porque tienen que cederle el paso a los vehículos particulares. “Pareciera que el que va arriba del transporte no tiene derecho a llegar pronto a su destino”.
Recordó que en la Ciudad de México todo está subsidiado, incluso el Mexibús de Ecatepec. “Tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo, lo mismo las familias de los operadores, los transportistas, los laboradores de los autobuses, los contadores, todos los que estamos en la industria”.
Asimismo, destacó que desde hace varios años el sector ha estado en el abandono y los operadores son víctimas de la informalidad, los bloqueos ciudadanos, la inseguridad y en algunos casos de la anarquía.
“Hoy hay bloqueos en diferentes partes del estado, en Toluca hay bloqueos de los universitarios, el sector salud y hospitalario, para llamar la atención de las autoridades y atiendan sus reclamos. Para nosotros son daños y perjuicios porque la infraestructura y la mano de obra la tienes que pagar, además de atender y valorar al personal física y psicológicamente, especialmente si entran a una etapa de angustia”, explicó.
De acuerdo con el Inegi -finalizó- por cada dos unidades económicas formales hay 8 informales y si se traduce en el transporte, por cada dos empleados formales en un autobús, hay 8 irregulares, lo cual es un daño económico de moledor, por lo que es indispensable que las autoridades entiendan que deben cambiar las condiciones y proteger la economía formal, las cuales crean fuentes de empleo, dan justicia social y protegen los derechos humanos.
PNMO
