El proyecto de ley para reducir la jornada laboral en España de 40 a 37 horas y media semanales, sin pérdida de salario, fue aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
La iniciativa no cuenta con el apoyo de los empresarios y aún deberá pasara por el Congreso para el “sí” final, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene mayoría.
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De esta manera, el proyecto de ley fue llevado al Consejo de Ministros un año después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pusiera sobre la mesa su medida más importante para esta legislatura.
La norma no cuenta con los votos suficientes para salir adelante en el Congreso. El partido catalán 'Junts' anunció que no aprobará la reducción de la jornada laboral porque en la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez ve como “un ataque frontal a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas” catalanas.
Y es que los votos del partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont son imprescindibles para que la ley sea aprobada. Se prevé que la derecha y la ultraderecha, es decir, el Partido Popular y Vox, también votarán en contra.
Negociaciones parlamentarias definirán la aprobación
La aprobación final dependerá de las negociaciones parlamentarias, donde el gobierno socialista de Pedro Sánchez sufre para aprobar medidas debido a que no cuenta con mayoría y las altas exigencias de sus socios. La oposición y el fracaso reciente en otras normas pueden complicar el panorama.
A esto hay que sumar que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) del país sigue en contra y apunta a la “inconstitucionalidad” de la medida.
Si cuenta con los apoyos cumpliría con los plazos para aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su socio Sumar en el acuerdo de coalición.
No obstante, el gobierno reconoce que “la tramitación parlamentaria el texto podrá someterse a modificaciones, para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios” y se contemplan medidas de flexibilidad, en particular para las pymes, que asumirían más del 50 por ciento del impacto de la medida.
La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, defendió que la medida permitirá “ganar media hora de tiempo al día, garantizar el derecho a la desconexión o poner fin a las horas extraordinarias que no son ni descansadas ni retribuidas”.
Se calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor.
Desconexión digital
Junto a la reducción de jornada, la medida incluye dos normativas que pretenden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Estas son la desconexión digital y el control horario.
Por un lado, la desconexión digital pretende permitir al trabajador no responder a los mensajes de la empresa cuando se encuentre fuera de su horario laboral.
La regulación pretende incrementar las sanciones a las empresas que cometan esta ilegalidad. Este mayor control tiene como objetivo garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores.
El acuerdo recoge que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a protección frente a la videovigilancia y geolocalización.
Las empresas, detalla el texto, deben garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador una prestación laboral fuera de horario, tiempo en el que tendrá derecho a no estar localizable.
El texto pactado se firmó el 20 de diciembre por parte de la ministra de Trabajo y los secretarios generales de los sindicatos CCOO (Comisiones Obreras), Unai Sordo, y de UGT (Unión General de Trabajadores), Pepe Álvarez, un pacto del que se desmarcó la CEOE.
HCM
