El 4 de agosto no fue un día cualquiera en Coahuila. Entre discursos solemnes, trajes oscuros y la coreografía de los protocolos, se instaló la nueva cara del Poder Judicial.
Ese día se llevó a cabo la toma de posesión de los 106 cargos elegidos en las urnas el primero de junio, aunque la mayoría de ellos ya tenía el pase asegurado antes de la elección.
Detrás de las fotos oficiales hubo un guion escrito con meses de anticipación: planillas diseñadas desde los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con nombres repetidos como eco en las listas y destinos casi asegurados antes de la primera boleta marcada.
Coahuila fue de los pocos estados donde la armonización de la reforma judicial federal derivó en una ley local que permitió proponer planillas desde cada uno de los tres Poderes.
En total participaron 135 aspirantes a magistraturas y juzgados de primera instancia, aunque 80 nombres se repitieron en los listados, lo que prácticamente les aseguraba un lugar en el Poder Judicial con recibir un solo voto.
Ahora, los nuevos funcionarios judiciales permanecerán en su encomienda durante nueve años.
Sin embargo, contrario a lo esperado, Coahuila se colocó como una de las entidades con mayor participación ciudadana en la jornada electoral a nivel nacional. Se registró una asistencia de 24.3 por ciento del padrón electoral.
En total fueron renovadas 16 magistraturas: nueve del Tribunal Superior de Justicia del Estado y cuatro de los Tribunales Distritales. A ello se sumó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial Local, que evaluará el comportamiento de los funcionarios del Poder Judicial y quedó integrado por tres magistrados electos.
Desde el 4 de agosto, la presidencia de este nuevo organismo está a cargo de Dulce María Fuentes, quien previamente se desempeñó como consejera presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), institución que le tocó extinguir.
Ratificación de la presidencia
Miguel Mery Ayup, quien antes del proceso electoral ya era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue ratificado por dos años más al frente del organismo durante la instalación de los magistrados el 4 de agosto.
Tendrá bajo su responsabilidad un proceso de transición del Poder Judicial rumbo a 2027, cuando serán renovadas otras tres magistraturas que no entraron en el proceso de 2025.
Mery Ayup es originario de Torreón, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Política Aplicada, Instituciones y Procesos Políticos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Desde 2019 funge como representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Lo acompañan otros ocho magistrados y magistradas con trayectoria ligada al gobierno estatal en las administraciones de Rubén Moreira, Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez, además de haber ocupado cargos como la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción.
Los otros ocho magistrados
- Gricelda Elizalde Castellanos: Originaria de Saltillo y licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia en la capital del estado. Ha colaborado durante 28 años en diferentes áreas de la administración pública estatal y ya se desempeñó como presidenta de la Sala Penal del Sistema Acusatorio Penal.
- Jesús Homero Flores Mier: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue el primer Fiscal Anticorrupción del estado, consejero presidente del entonces Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y representante del Consejo Nacional de Archivos de los Institutos y Consejos Estatales de Transparencia.
- María Eugenia Galindo Hernández: Licenciada en Derecho. Fue magistrada de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y desde 1997 trabaja en el Poder Judicial en distintos cargos como juzgadora.
- Yezka Garza Ramírez: Coordinó el Centro Regional de Identificación Humana entre 2020 y 2025. Estuvo al frente del Proyecto de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, fue Procuradora de los Niños, Niñas y la Familia, así como directora de Centros de Justicia para las Mujeres.
- Vladimir Kaiceros Barranco: Egresado de Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue magistrado presidente de la Sala Civil y Familiar. Anteriormente se desempeñó como juez en Primera Instancia en Materia Civil y Familiar en San Pedro de las Colonias, además de juez en Saltillo en diversas materias civiles y familiares.
- Isadora de Lourdes Rodríguez Garza: Originaria de Sabinas y licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Fue directora jurídica del municipio de Sabinas, perito traductor del Poder Judicial del Estado, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas y delegada de la Fiscalía de Coahuila en la Región Carbonífera.
- Amor Serna Calderón: Se desempeñó como jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Poder Judicial de Coahuila, además de actuaria y secretaria judicial en la Judicatura del Estado.
- Valeriano Valdés Cabello: Licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo, donde también fue director. Se desempeñó como presidente del Tribunal Superior Electoral de Coahuila y como consejero jurídico del Gobierno del Estado durante el sexenio de Miguel Ángel Riquelme Solís.
Un poder renovado, pero con sello político
Aunque la renovación del Poder Judicial de Coahuila fue presentada como un ejercicio democrático sin precedentes, los perfiles que ahora lo integran mantienen un hilo conductor con las administraciones estatales de los últimos tres sexenios.
La presencia de exfuncionarios ligados a gobiernos priistas y actuales operadores cercanos al Ejecutivo refuerza la discusión sobre si el modelo de elección por planillas realmente garantiza independencia judicial.
La creación del Tribunal de Disciplina Judicial Local y la ratificación de Miguel Mery Ayup como presidente apuntan hacia un reacomodo institucional que, más allá de los discursos de autonomía, continuará bajo la observación de la sociedad civil y la academia, atentas a si este nuevo diseño será capaz de equilibrar poder político y justicia en los próximos nueve años.
