Medir y transparentar la calidad de la justicia en el estado, además de dar seguimiento al apoyo a víctimas, son algunos de los retos que tendrá el Poder Judicial de Coahuila en el periodo para el que fue ratificado Miguel Mery Ayup como su presidente.
Así lo consideraron organizaciones consultadas por MILENIO, que también reconocieron avances en la primera etapa en la que estuvo el lagunero, pero ven necesaria también tanto la gestión de mayores recursos como erradicar prácticas que hacen que asuntos legales sigan detenidos o avancen lento.
“Es una oportunidad también para medir y transparentar la calidad de la justicia impartida, así como reducir tiempos de resolución y satisfacción de las víctimas. Coahuila tiene la ventaja de contar con estabilidad jurídica, y traducirla en justicia cotidiana, que es parte fundamental para garantizar el Estado de derecho”, asegura Marco Antonio Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna.
Así también, Cristela Soto, integrante del colectivo Madres Poderosas de La Laguna, dice que si bien hubo apertura en la anterior gestión del magistrado presidente, llevan varios meses a la espera de que les reciba para dar seguimiento al tema de sentencias de personas acusadas del delito de feminicidio.
“Lo que nos interesaba era que se vieran sentencias justas, pero lamentablemente ahorita hay mucha víctima de feminicidio y en al menos tres casos sabemos que siguen impunes”.
Refiere que saben de casos en donde el ejercicio de los juzgados sigue dando qué desear en cuanto al seguimiento a crímenes de feminicidio y por eso es necesario acabar con esos vicios de antaño, además de que el Poder Judicial también tiene responsabilidad de apoyarles en el seguimiento a la petición de reparación del daño.
“Con Mery estábamos viendo lo del tema de la reparación integral del daño. El proceso es que se les da el seguimiento con un juicio y ahí es donde entraba él para que los jueces hicieran su trabajo”.
Reconoce que durante el periodo anterior de Mery Ayup sí vieron avances en el tema de avanzar en procesos legales, pues era frecuente que en las reuniones de trabajo el magistrado solicitara a los jueces dar celebridades a las audiencias.
“Sí, vimos avances con Mery, pues antes no nos daban las audiencias hasta que él entraba para que no fueran tan retiradas. Se dieron algunas sentencias importantes”.
Además de eso, menciona que otorgarles la patria potestad de sus nietos a algunas abuelas fue un avance.
Marco Antonio Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, considera que una de las áreas de oportunidad para el Poder Judicial está relacionada con la especialización en la impartición de justicia, lo cual podría impulsarse con mayor presupuesto.
“Se ha avanzado también en la creación de juzgados y salas especializadas, como la familiar. Pero sin duda, hay oportunidades importantes, especializando la justicia, fortaleciendo la eficacia en delitos de alto impacto, implementar juzgados móviles, pero sobre todo obtener un mayor presupuesto para solventar nuevas necesidades”.
Y añade: “la renovación del Poder Judicial en Coahuila representa una oportunidad para fortalecer aún más la justicia en el estado. Me parece que se han logrado implementar herramientas para agilizar procesos y reducir la carga burocrática”.
Retos del Poder Judicial
El recién ratificado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, reconoce que la carga de trabajo de juzgadores y juzgadoras en el estado no es menor, pues cada uno lleva al año un promedio de 2 mil juicios.
Sin embargo, asegura que no hay rezagos o pasivos como tal porque hay 200 mil asuntos en trámite que vienen de años anteriores.
“Es lo que está en curso, yo realmente no le llamo pasivo o rezago, estamos trabajando. Tenemos a trámite 200 mil asuntos en el estado con 105 jueces en cinco materias, es una carga grande y cada juez lleva 2 mil juicios al año y si es una carga, porque en otros estados llevan mil o mil 500”.
Señala que el reto es bajar la carga de cada persona juzgadora y para lo cual hace falta contratar al menos 30 más.
“Es todo un tema que he venido gestionando a nivel federal y recibiendo el apoyo del gobernador de Coahuila para que podamos tener más jueces, más defensores y psicólogas y psicólogos”.
Mery Ayup refiere que el presupuesto anual actual es de mil 300 millones de pesos, pero para reducir las cargas y contratar más personal hacen falta al menos 200 más y para lo que se gestionará con la Federación más recursos tras la implementación de la Reforma Judicatura.
“Es un presupuesto que debería subir alrededor de 200 millones de pesos frente a una situación compleja del estado cuando se reducen las participaciones. Tengo la expectativa de que exista mucha sensibilidad y apertura para conocer cómo se comporta el estado de Coahuila en el caso de justicia a nivel local”.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado destaca también que Coahuila es de las entidades que concentra el mayor número de asuntos legales en primera instancia.
“Coahuila trae una gran carga de demandas, 80 mil juicios prácticamente por año y forma parte de los 10 estados donde se suma el 50 por ciento de la conflictividad en primera instancia”.
Resalta como principales retos un Poder Judicial con mayor cercanía con la ciudadanía, mejora de infraestructura, justicia digital y gestión administrativa en todas las materias, además de la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“Tener juzgadores humanos y sensibles, además de capaces que puedan resolver de manera ejecutiva, rápida y sea imparcial”, expone.
¿Qué espacios tiene vigentes el Poder Judicial?
A través de una solicitud de información contestada a principios de año, el Poder Judicial contestó sobre su infraestructura vigente. En el caso de Saltillo, tiene un Palacio de Justicia, los Juzgados Letrados, el Instituto Estatal de Defensoría Penal, el Centro de Justicia Civil y Familiar.
Además, el Centro de Justicia Penal, los Juzgados Penales Tradicionales, los Juzgados Mercantiles, el Archivo Judicial General, la Central de Actuarios, el Tribunal de Justicia en Materia Laboral y dos inmuebles de oficinas varias y el Almacén General de Materiales.
Torreón, por su lado, cuenta con un Centro de Justicia Penal, un edificio del Instituto Estatal de Defensoría Pública, un Palacio de Justicia, un Centro de Justicia Familiar, un Centro de Evaluación Psicosocial, los Juzgados Laborales, la Sala Regional, el Archivo Judicial y un edificio de oficinas varias.
En San Pedro cuenta dos edificios de oficinas diversas y un Centro Penal de Justicia, pero en Parras solo un edificio de oficinas varias.
Además, en Monclova hay un Centro de Justicia Penal, un Centro de Justicia Civil y Familiar, además de un inmueble de Juzgadoras Laborales.
En el caso de Piedras y Acuña, hay un Centro de Justicia para cada uno.
DAED
