El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para fortalecer las acciones de combate a la extorsión y agravar, con hasta 25 años de prisión, las sanciones por este delito en Michoacán.
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Acompañado del titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Marco Antonio Vargas y de los presidentes del Poder Judicial y Legislativo local, Jorge Reséndiz y Julieta García, respectivamente, el mandatario destacó que se propone perseguir por oficio la extorsión y castigar el delito desde la simple amenaza.
"La extorsión atenta contra la seguridad de las personas e impide el desarrollo productivo de todos los sectores afectando a la sociedad en general, porque además es uno de los delitos con mayor impunidad, por eso, se quieren tener elementos para administrar mejor la justicia y si lo hacemos bien, esta será la primera piedra para alcanzar una Ley General Antiextorsión en México", comentó.
El gobernador añadió que en unidad y coordinación entre las instituciones, poderes públicos y órganos autónomos, se darán buenos resultados para preservar la seguridad y paz que demanda la población.
Lo anterior tras explicarse que la iniciativa de reforma contempla la protección a las víctimas garantizando la seguridad personal, la libre determinación, integridad y desarrollo de los sectores productivos.
Plantea castigar el uso de medios electrónicos con fines de extorsión, agravar las sanciones para servidores públicos que faciliten celulares y teléfonos a internos de penales, el cobro de cuotas por "derecho de piso" y libre desarrollo de actividad productiva, compartir imágenes sexuales como medio de amenaza, asociación delictuosa, intervención de personas armadas o simulen estarlo, entre otras.
Marco Antonio Vargas, titular de la Conase, destacó que esta iniciativa es un ejemplo nacional que refuerza la normatividad estatal para dar certeza de las acciones contra la extorsión y aseguró que se apoyará con capacitación a servidores públicos y equipo tecnológico las actividades de combate a la extorsión.
"Hace falta un marco legal efectivo y con el gobierno de Michoacán se ha logrado fusionar el esfuerzo entre instituciones y órganos autónomos para que a través de mecanismos de inteligencia y de operación, se reduzca la incidencia delictiva", indicó.
La diputada local Julieta García Zepeda, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reconoció el trabajo conjunto con el Ejecutivo y se comprometió en dar seguimiento a la propuesta que será revisada en el Legislativo para su aprobación.
ledz
