En Durango, la aritmética prevista para renovar el Poder Judicial local resultó impecable: 49 cargos en disputa con 49 candidatos únicos inscritos.
No hubo azar, no hubo competencia, solo una lista que parecía hecha a la medida del destino.
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En teoría era la primera elección de juzgadores en la historia de la entidad; en la práctica, parecía más bien la ratificación de un reparto ya acordado.
El 18 de agosto, 48 de esos 49 nombres se formaron en fila solemne para rendir protesta ante el Congreso. Con la mirada al frente, la liturgia política fue convertida en acto judicial. Solo uno faltó: Héctor Zaragoza, vencido no por la política sino por su corazón, que lo obligó a declinar por problemas de salud.
Ese hueco no abrió la puerta a la sorpresa. El recién creado Órgano de Administración Judicial decidió rápido: un Secretario de Acuerdos cubriría el lugar hasta 2027. Nada de elecciones extraordinarias, nada de sobresaltos; la maquinaria siguió su curso con precisión burocrática.
El poder, como suele ocurrir, ya tenía escrita su partitura. El Decreto 186, publicado el 14 de agosto, dejó claro que los nuevos juzgadores no entrarían en funciones de inmediato. Había que esperar hasta el próximo lunes 1 de septiembre para el arranque constitucional, mientras tanto solo podían atender asuntos administrativos de entrega-recepción. Una justicia en pausa, instalada pero aun sin voz en los tribunales.
Nuevos organismos
La escena del Congreso local aquel 18 de agosto fue seria y a la vez paradójica. Una Sesión Solemne que instalaba al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y al Órgano de Administración Judicial (OAJ), sustitutos del extinto Consejo de la Judicatura.
Nombres nuevos para viejos dilemas: ¿cómo garantizar independencia en un esquema donde cada cargo tenía dueño antes del voto?
En el Tribunal de Disciplina, la figura más votada, Selene Soto Rodríguez, asumió como presidenta.
La acompañaron magistrados y magistradas de perfiles técnicos y políticos. Sobre ellos recaerá la tarea de vigilar a sus pares, ordenar investigaciones y sancionar a jueces y magistrados.
La ironía no escapó a nadie: el Poder Judicial duranguense se vigilará a sí mismo.
El Órgano de Administración Judicial, instalado ese mismo día, nació con dientes afilados. Su presidencia recayó en Tania Hernández Maldonado, ex contralora estatal.
Con ella, un grupo de cinco nombres quedó encargado de definir distritos, ingresos, promociones y hasta separaciones de personal judicial. Una oficina que reparte el oxígeno de la carrera judicial en Durango.
Los nombres desfilaron como inventario solemne: magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces de las regiones, juzgadores laborales. Una larga lista que parecía más un censo que un resultado electoral: 49 para 49, como si el ejercicio hubiera sido menos una competencia que una confirmación ritual.
Las funciones
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, el TDJ será la autoridad substanciadora en segunda instancia, con atribuciones para ordenar investigaciones de oficio o por denuncia, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o delitos, dictar medidas cautelares y sancionar a servidores públicos del Poder Judicial.
Cualquier persona o autoridad podrá presentar denuncias ante este órgano.
Por su parte, el OAJ fue instalado el mismo 18 de agosto, una vez que sus integrantes fueron ratificados por el Congreso y rindieron protesta ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia, encabezado por Georgina Galván Gutiérrez.
La presidencia quedó a cargo de Tania Hernández Maldonado, excontralora estatal, y lo integran además Miguel Ángel Olvera Escalera, Yilma Leonila Rivera Estrada, José Antonio Arzola González y Alejandra Elizabeth Terrones Ochoa. Como secretario ejecutivo se designó a Guillermo Solís Deras.
El OAJ tendrá facultades para definir la división territorial y especialización de los distritos judiciales, así como regular el ingreso, permanencia, evaluación, promoción y separación del personal judicial y administrativo, además de supervisar el funcionamiento administrativo del Poder Judicial.
Tras la primera sesión, Hernández Maldonado precisó que un Secretario de Acuerdos sustituirá a Héctor Zaragoza en funciones de juzgador hasta 2027, descartando la realización de una elección extraordinaria.
¿Quiénes rindieron protesta como juzgadores?
Las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia son: Brenda Lizette Acevedo Castañeda, Luis Fernando Contreras Cortés, María Magdalena Alanís Herrera, Manuel Valadez Díaz, Alejandra Estrada Arreola, Miguel Ángel Quiñones Orozco, Iliana Angélica Alvarado Salinas, Carlos Enrique Guzmán González, Yesika Liliana Ramos Rodríguez, Julio César Piña de la Garza, Gloria Guadalupe Galván Román, Gerardo Lara Pérez, Miriam Guadalupe Lanzarín Roldán, Álvaro Rodríguez Alcalá y Karina García Montelongo.
En el Tribunal Laboral Burocrático y Región Uno: Jesús Antonio Trejo Reyes, Deborah Mónica Cerrillo Ruiz, Ramona Gisela Cháidez Villarreal, América Iliana Chávez Bautista, Luz María de la Rosa Franco, Lorena Itzel Fernández Hernández, Erika Monserrat Flores Cisneros, Joselyn Sildan Gasca Reyes, Yolanda María Mercado Almaguer, Verónica Moguel Toledo, Fernanda Paulette Monreal Castillo, Yareli Palma Olivera, Marco Antonio Aguirre Hernández, Raymundo Alfonso Andrade Salinas, Francisco Javier Betancourt Solís, Fernando Gamero de la Hoya, León Enrique Hernández Fuentes y Jaime Marrufo Herrera.
Y en la Región Dos: Yesika Mansur García, Geovanne María Vargas Agüero, Fabiola del Rayo Vizcarra Ortiz, Héctor Francisco Colón García, Gustavo Alberto Escarpita Muñoz, Mario Alberto Gamboa Guajardo, Gabriel de Jesús González Aguilera, Óscar Gabriel Medina Moreno y Raúl Nezahualcóyotl Muñoz de León Segovia.
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