El portón del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, se abrió este lunes para Bonifacia, agricultora mazahua de 75 años, quien volvió a ver a su familia tras más de tres años en prisión.
Cumplía una sentencia por el homicidio de su ex pareja sentimental, pero su expediente estuvo marcado por graves irregularidades: nunca contó con un intérprete en su lengua materna, careció de una defensa adecuada y el tribunal omitió su condición de mujer indígena y adulta mayor.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) asumió su caso y presentó un pronunciamiento de amnistía ante el Poder Judicial, argumentando que su derecho a un juicio justo había sido vulnerado desde la detención y durante todo el proceso.
El juez encargado determinó que las pruebas eran suficientes para aplicar la Ley de Amnistía y concedió su libertad.
En el patio de acceso del penal, Bonifacia se ajustó el rebozo mientras buscaba entre la multitud a su hija y a sus nietos.
"Para allá con maíz nuevo, con mi hija, con mis nietos", dijo en voz baja.
Recordó que la separación de su familia la enfermó y que en los primeros meses de reclusión su salud física y emocional se deterioró rápidamente.
"Me sentí muy mal, me enfermé por no estar con mi familia".
Durante su estancia, explicó, encontró en la fe un sostén diario y aprovechó para aprender nuevas puntadas de punto de cruz, además de reconocer algunas letras con la meta de escribir su nombre completo.
"Le pedí a Dios que me perdonara por mis pecados y que me abriera las puertas para estar con mi familia".
Su liberación es la más reciente de seis amnistías gestionadas por la Codhem en favor de personas indígenas privadas de la libertad en el Estado de México.
En cinco de esos casos, las personas ya están en sus hogares; uno más, el de Tomás Gabriel Crisanto, sigue en espera de resolución.
La Ley de Amnistía: criterios y alcance
La Ley de Amnistía del Estado de México fue aprobada por el Congreso local el 29 de diciembre de 2020 y publicada en el Periódico Oficial el 5 de enero de 2021. Entró en vigor al día siguiente.
Su aprobación respondió a años de presión de colectivos, familiares y defensores, quienes denunciaban que la población penitenciaria incluía a cientos de personas encarceladas por delitos menores o acusaciones construidas con pruebas débiles, confesiones obtenidas bajo presión y procesos judiciales plagados de omisiones.
Aunque se inspira en la Ley de Amnistía federal de 2020, la norma mexiquense tiene un alcance más amplio en materia local. Permite conceder la libertad y extinguir la acción penal cuando se acrediten violaciones graves al debido proceso.
Entre las causas se encuentran la falta de intérprete para personas indígenas, la ausencia de perspectiva de género, detenciones sin orden judicial, penas incongruentes con el delito imputado o la comprobación de que los hechos se cometieron bajo coacción o en legítima defensa.
El texto también contempla a personas mayores de 65 años, con enfermedades graves o en situación de vulnerabilidad social.
Una vez otorgada la amnistía, los antecedentes penales vinculados al caso quedan sin efecto, lo que permite la reincorporación a la vida social sin restricciones jurídicas.
Desde su entrada en vigor y hasta mediados de 2025, en el Estado de México se han otorgado más de tres mil 300 amnistías.
La Defensoría Pública ha gestionado más de dos mil solicitudes exitosas, mientras que el Poder Judicial ha concedido otras mil 200 derivadas de trámites directos.
La Codhem, por su parte, ha presentado 19 pronunciamientos que derivaron en resoluciones favorables, seis de ellos en beneficio de personas indígenas.
Población atendida
El Edomex es la entidad con mayor número de amnistías en el país, en parte por su alta población penitenciaria y el volumen de solicitudes recibidas.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que cerca de cinco por ciento de las personas privadas de la libertad en el estado se identifican como indígenas, lo que representa cientos de expedientes potencialmente sujetos a revisión bajo este marco legal.
En el Congreso mexiquense, la Ley de Amnistía fue presentada por legisladores de distintas fuerzas políticas como una herramienta para atender rezagos en justicia y reducir el hacinamiento en los penales.
Durante su discusión, se incluyó como requisito la intervención de un juez de ejecución de sentencias para revisar cada solicitud, así como la participación de la Codhem y la Defensoría Pública en los casos que involucren a grupos vulnerables.
A nivel federal, la Ley de Amnistía —vigente desde abril de 2020— aplica únicamente para delitos del orden federal y ha beneficiado principalmente a personas acusadas de delitos contra la salud en condiciones de pobreza o coacción, así como a mujeres criminalizadas por aborto.
Según la Secretaría de Gobernación, hasta mediados de 2025 se han otorgado poco más de 100 amnistías federales, cifra menor comparada con las más de tres mil concedidas en el Estado de México.
En el caso de la población indígena, el Inegi reporta que en 2024 había cerca de tres mil 500 personas privadas de la libertad en el país que se autoadscribían como indígenas; al menos 420 han sido beneficiadas por leyes de amnistía estatales o federal.
En el Edomex, los seis casos gestionados por la Codhem representan uno por ciento del total estatal, pero cada uno implicó la revisión exhaustiva de expedientes y la acreditación de violaciones procesales.
Seis historias de libertad
El primer caso corresponde a Virginia 'N', mujer mazahua que pasó casi 16 años privada de la libertad. Fue detenida y procesada sin intérprete, firmó una declaración que no comprendía y enfrentó un juicio sin defensa efectiva.
Tampoco se valoró que había sido víctima de violencia familiar. La Codhem presentó un pronunciamiento que acreditó estas omisiones y el Poder Judicial concedió la amnistía.
En septiembre de 2023, Dominga 'N', mujer chinanteca originaria de Oaxaca, recuperó la libertad tras casi 11 años en el penal de Neza-Sur.
Fue acusada de la muerte de su pareja sin pruebas sólidas y sin orden de aprehensión. No contó con intérprete y la defensa pública no presentó recursos efectivos.
Su condición de migrante interna y de mujer indígena fue central para argumentar que su proceso estuvo viciado desde el inicio.
En diciembre de 2023, Martina, indígena mixteca migrante, y Juan, ayudante de albañil y cuidador de su madre con discapacidad, salieron del penal después de ocho años.
Ambos fueron condenados por extorsión, aunque el monto era mínimo y había sido recuperado. Durante el juicio, no contaron con intérprete y la defensa no presentó pruebas para controvertir la acusación.
Longino también se suma a las personas de pueblos originarios que obtuvieron este beneficio. Pasó más de 14 años preso por un homicidio ocurrido en noviembre de 2010, en el que intentó defenderse de un ataque.
Miembro de la comunidad mazahua, obtuvo su libertad por amnistía el 1 de julio de este año, tras dejar el penal de Tenango del Valle.
La más reciente es la historia de Bonifacia, cuya libertad fue concedida en agosto de 2025. Su caso fue turnado a la Codhem meses antes y en la revisión se identificaron múltiples violaciones a sus derechos.
A su edad, la vida en prisión se volvió especialmente difícil, pero ahora asegura que quiere volver al campo y continuar con el trabajo que ha hecho toda su vida.
Justicia pendiente
El caso de Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí, permanece sin resolución, pese a que en 2021 se emitió un dictamen favorable para su amnistía. Fue detenido sin garantías, nunca contó con intérprete y denunció haber sido víctima de tortura.
En su testimonio refirió descargas eléctricas, golpes y amenazas de violencia sexual contra su familia durante los interrogatorios.
La Codhem ha señalado que en este caso existe un requisito económico pendiente que representa el principal obstáculo para la liberación.
El organismo informó que mantiene reuniones con las instancias correspondientes para encontrar una vía de solución que permita ejecutar la resolución y garantizar su salida.
De acuerdo con informes de la Codhem y del Poder Judicial mexiquense, las personas liberadas a través de este mecanismo suelen regresar a sus comunidades, donde retoman actividades previas como agricultura, comercio o cuidado de familiares.
En varios casos, autoridades municipales y comunitarias han participado en la reintegración mediante reuniones de conciliación o apoyos para reactivar actividades productivas.
Además de este expediente, la Codhem mantiene en revisión otros casos de personas indígenas privadas de la libertad que podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía.
Cada caso implica un proceso que inicia con la solicitud formal, continúa con la integración del expediente y la recopilación de pruebas y dictámenes, y concluye con la resolución del juez de ejecución de sentencias.
Los plazos varían según la complejidad: algunos se resuelven en semanas, mientras que otros requieren meses debido a la necesidad de recabar documentación, localizar intérpretes o cumplir con requisitos adicionales.
La Comisión afirmó que presentará pronunciamientos cuando existan elementos para acreditar violaciones al debido proceso, con el objetivo de garantizar que la Ley de Amnistía se aplique en todos los casos que cumplan con sus supuestos.
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ksh
