La organización Amnistía Internacional México presentó el informe 'Desaparecer Otra Vez', en el cual, a través de 600 testimonios de mujeres buscadoras de 30 estados de México, así como de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, dieron a conocer los retos y dificultades a las que se enfrentan para poder buscar a sus familiares en un país donde actualmente hay más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas.
De acuerdo con el informe, el 97 por ciento de las mujeres buscadoras entrevistadas declaró haber enfrentado algún tipo de violencia o ser víctimas de algún delito; en el 45 por ciento de los casos fueron amenazadas, el 39 por ciento fueron extorsionadas, el 27 por ciento fueron atacadas y víctimas de desplazamiento forzado respectivamente, el 10 por ciento víctima de tortura, el 6 por ciento han sido secuestradas, y además algunas también han sufrido violencia sexual, desapariciones o han sido asesinadas.
“Las mujeres buscadoras realizan una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil. A pesar de las graves violencias y afectaciones que viven, han sido sororas con otras familias que pasan por la misma situación. Han impulsado leyes, políticas públicas y la creación de instituciones orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades deben garantizarles el derecho a buscar a sus seres queridos y también adoptar las medidas que pongan fin a las constantes y continuadas violaciones a los derechos humanos que ellas sufren al realizar su labor”, declaró Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe.
Asimismo, señalan que lamentablemente una de cada dos buscadoras ha sufrido discriminación por género, situación económica, identidad étnico-racial, pertenencia a pueblos indígenas y por origen nacional o situación migratoria; pero también se detectó que una de cada dos buscadoras ha sufrido estigmatización y revictimización por parte de las autoridades e incluso de sus propias familias y comunidades.
Pero además de las violencias y discriminación que sufren dentro de la búsqueda, este tipo de situaciones generan afectaciones dentro del núcleo familiar de la persona desaparecida, en el 60 por ciento de los casos se reportó un deterioro de las relaciones familiares, en el 70 por ciento han tenido afectaciones en materia de salud física y mental, como depresión, insomnio y aparición de enfermedades o deterioro de enfermedades preexistentes y otro 60 por ciento reportó pérdida de recursos.
En este sentido las mujeres buscadoras identificaron en las instituciones públicas una reiterada falta de compromiso y actuación en las búsquedas de personas desaparecidas, lo cual ha llevado a las primeras a realizar la mayor parte del trabajo, incluso en las búsquedas organizadas por las autoridades.
“A diferencia de otros países donde los estados son quienes buscan a las personas desaparecidas, en México son las mujeres quienes encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos. Estas omisiones del Estado no solo las colocan en una situación de grave vulnerabilidad, sino que además les impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, como es su derecho”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El informe también detalla que solo el 17 por ciento de las mujeres buscadoras acudió a las autoridades para denunciar actos de violencia y afectaciones o a solicitar servicios. Y, asimismo, las buscadoras refirieron problemas para ser reconocidas como víctimas, además de que los apoyos que les brindan las comisiones estatales de atención a las víctimas son insuficientes, demorados y culturalmente inapropiados.
Respecto al Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, un mecanismo creado para facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes y sus familias que se encuentran en otro país, las mujeres buscadoras enfatizaron las dificultades que tienen las familias de personas migrantes desaparecidas para interponer las denuncias, dar seguimiento a sus casos y acceder a territorio mexicano.
“Una de las principales dificultades es ir a México, porque no hay tarjeta por razones humanitarias. Cruzar las fronteras es lo que más se nos dificulta. Si no estamos con organizaciones de la sociedad civil no nos toman en cuenta, nunca nos darían esas tarjetas”, señaló Mary Rodríguez, buscadora hondureña.
Frente a esta situación, Amnistía Internacional instó a las autoridades mexicanas a reconocer la importante labor de las mujeres buscadoras y el derecho que tienen a buscar, ya sea en conjunto con las autoridades o de forma independiente, y que se garanticen sus derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.
“Todas las medidas gubernamentales en materia de desaparición deben contar con la efectiva participación de las buscadoras. Hoy seguimos recordando que sin las familias, no. Es fundamental reconocer también el rostro femenino de la búsqueda e incorporar una perspectiva de género e interseccional”, destacó Edith Olivares Ferreto.
LG
