La Comisión de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de Guerrero, analiza una nueva iniciativa encaminada a establecer mecanismos de prevención, detención, atención y sanción del maltrato y abuso sexual infantil en el entorno escolar, un fenómeno que existe y no se ha logrado erradicar.
El propósito del Congreso es poner en marcha los protocolos interinstitucionales, capacitar al personal educativo y proporcionar el acompañamiento integral a las víctimas, esto para garantizar entornos seguros y libres de violencia.
Te recomendamos
Esta iniciativa fue propuesta por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, a la cual se adhirió la diputada Glafira Meraza Prudente.
Conductas en el hogar y ambiente social se replican en las escuelas
En la exposición de motivos se destaca que, en las escuelas de la entidad, se han identificado diferentes conductas que generan situaciones de riesgo para el alumnado, como situaciones de acoso, abuso sexual y el maltrato.
Por su parte, la diputada Botello Figueroa sostiene que las y los menores enfrentan situaciones sociales como la inseguridad y la violencia, la ruptura de lazos afectivos dentro de la familia y la sociedad, lo que ha generado, en muchos casos, el abandono escolar.
Además, en la propuesta, se ha señalado que niños, niñas y adolescentes se encuentran en situaciones difíciles tanto dentro de sus hogares como en el ambiente social en el que se desenvuelven, llegando incluso a reproducirse dichas problemáticas en las instituciones.
A partir de dichos incidentes, las autoridades educativas buscan mecanismos que les permitan enfrentar y atender dichas problemáticas, con el objetivo de proteger al alumnado de educación básica, principalmente.
En el diagnóstico oficial se destacó la implementación de protocolos claros de prevención, detección y actuación para proteger a los menores, promoviendo una convivencia escolar armónica, segura y garantizando el derechos de los estudiantes a vivir libres de violencia.
La situación afecta a los el entorno libre y seguro
Sumado a esto, se asegura que el problema presiste en las escuelas, afectando el derecho que los menores tienen para desarrollarse en un entorno libre y seguro, por lo que la detección temprana por parte de las autoridades educativas se han convertido en acciones fundamentales y necesarias para que puedan prevenir y, en su caso, minimizar el daño.
En caso de que la propuesta sea aprobada, el Gobierno de Guerrero y los municipios estarán obligados a adoptar las medidas correspondientes para la recuperación física, psicológica y emocional, así como la restitución de derechos de los menores que hayan sido víctimas de alguna de estas situaciones, brindando el acompañamiento y tratamiento médico o psicológico necesario y adecuado.
La finalidad es lograr el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
CV
