Autoridades federales investigan los vínculos de autoridades estatales de Veracruz y al menos diez municipios del norte del estado con células criminales que tienen asolada a la población, principalmente con el cobro de piso.
Grupos de inteligencia federales, tanto militares como civiles, investigan el presunto involucramiento de jefes policiales y funcionarios municipales con la delincuencia, principalmente para permitir que operen con impunidad.
Esto tras el hallazgo de restos de al menos seis personas esparcidos sobre la Carretera Poza Rica-Cazones, a inicios de agosto, en el norte de la región veracruzana.
¿Qué se conoce sobre esta situación?
Las fuentes consultadas por Notivox aseguraron que algunas de las investigaciones se llevan a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y otras, bajo acciones encubiertas, con la finalidad de desmantelar células criminales ligadas a la Mafia Veracruzana o Grupo Sombra —surgido 2012 tras disputas internas en facciones del Cártel del Golfo y Los Zetas—.
De acuerdo con la información ministerial, Grupo Sombra desarrolla ahora una red criminal propia bajo el sello de Mafia Veracruzana y emplean la violencia como herramienta para extorsionar, narcomantas para intimidar y grabaciones de sus víctimas, antes de ser ejecutadas.
A ese grupo se le atribuye el secuestro y asesinato con tortura de Irma Hernández Cruz, ex maestra y taxista jubilada de 62 años, ejecutada en el municipio de Álamo.
La profesora fue obligada a declarar en un video a sus compañeros taxistas:
“Con la Mafia Veracruzana no se juega”.
La Fiscalía confirmó que fue violentada durante su cautiverio; cuatro personas están detenidas.
Aumentan crímenes en Veracruz
No obstante, estos casos, y el motín en el penal de Tuxpan que dejó ocho muertos y 11 heridos, derivaron en una investigación federal por la participación del crimen organizado.
Además arrojaron una serie de evidencias que involucran a funcionarios estatales y municipales con el uso de armas de grueso calibre y explosivos.
Las investigaciones fueron abiertas en municipios como Pánuco, Álamo, Tihuatlán, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Tecolutla, Tempoal, Naranjos, Ozuluama y Chontla, informaron las fuentes.
Las acciones incluyen uso de drones, acciones encubiertas, guardias en casas de seguridad, seguimiento a objetivos y en algunos casos, escuchas telefónicas, con la finalidad de generar información de inteligencia.
De acuerdo con reportes preliminares, en las localidades de dichos municipios la extorsión afecta cada día a comerciantes, empresarios, ambulantes, vendedores de bienes raíces y transportistas.
La gobernadora Rocío Nahle minimizó inicialmente el caso de Irma, afirmando que murió de un infarto. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum lo reconoció como homicidio y subrayó la necesidad de combatir la extorsión en el transporte público.
Los testimonios de internos del penal de Tuxpan denunciando extorsiones dentro del reclusorio refuerzan la sospecha de vínculos entre el grupo criminal y autoridades penitenciarias.
MD
