La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la decisión del Congreso de Yucatán de modificar el artículo 46 de la Ley de Hacienda del municipio panista de Mérida, para evitar que esta localidad aumente el valor catastral de los inmuebles en la “ciudad blanca”.
Aumento impactaría a comunidades indígenas: Aguilar Ortiz
Al analizar la controversia constitucional interpuesta por Mérida, siete ministros del pleno apoyaron el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que el Congreso local se “apartó razonablemente” de la propuesta municipal.
Lo anterior, con base a la contención del impacto económico, la equidad tributaria y los fenómenos como la gentrificación, adoptando una política gradual y prudente en la actualización de valores catastrales.
El ministro Irving Espinosa Betanzo mencionó que el municipio no presentó una justificación razonable para su propuesta.
"Hay que reconocer que uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad tiene que ver con la especulación de carácter inmobiliario que ha generado un aumento de precios, menor acceso a la vivienda y gentrificación.
"Las consideraciones expresadas por el municipio no satisfacen los requisitos de razonabilidad para justificar el aumento y que, si bien es cierto, es probable que el propio Congreso del estado no haya realizado un análisis contrario, no quiere decir que por ese solo hecho deba de justificarse el aumento.
"Esto sin lugar a dudas ya está advertido por la propia comisión legislativa del congreso estatal al señalar que el aumento podría tener un impacto negativo en la economía de las familias meridianas”, manifestó.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que un aumento al valor catastral podría impactar a comunidades indígenas como los mayas.
"El caso de Mérida y, en general en la Península, está viviendo momentos en donde se están estableciendo muchísimos desarrollos inmobiliarios y esto va a generar un desequilibrio en la normalidad de la vida cotidiana de esta región del país.
"Vamos a tener desarrollos inmobiliarios que, por la propia característica, el bien, el suelo va a adquirir un mayor valor y tenemos hermanos y hermanas mayas que estando ahí van a mantener su predio pues con el valor actual y esta disparidad es lo que yo creo que está en juego", explicó.
"El municipio conoce las necesidades y el territorio": María Estela Ríos vota en contra
El ministro Giovanni Figueroa Mejía dijo que el municipio planteó una propuesta sustentada en un análisis técnico, apoyado en indicadores especializados como el índice de inflación inmobiliaria de la Sociedad Hipotecaria Federal y del Banco de México.
Ante ello, abundó, el Congreso local tenía la carga de desvirtuar esa argumentación con elementos técnicos.
"Considero que el Congreso local sí cumplió con ese estándar. Primero, desvirtuó los elementos técnicos invocados por el municipio, explicando por qué no resultaba razonable adoptarlos con base al incremento solicitado. Y en un segundo momento, justificó su decisión con elementos de política tributaria, económica y social.
"Por ejemplo, entre otras cosas, se destacó que una actualización inmediata y uniforme de las tasas prediales podría afectar desproporcionalmente a ciertos sectores de la población; por lo que se eligió una política gradual y diferenciada, que permita una transición equitativa hacia valores catastrales más acordes con el mercado.
La ministra María Estela Ríos González votó en contra del proyecto, porque subrayó que la Constitución es muy clara al señalar que el municipio propondrá y la legislatura aprobará.
"No dice que deba o no aprobarla, no dice que deba modificarla o no. ¿Por qué? Porque es el municipio que conoce las necesidades, conoce el territorio, y aquí está demostrado que hizo un estudio muy cuidadoso de por qué estaba proponiendo esas tarifas", destacó.
ksh
