La diputada Yussara Canales, del Partido Verde, presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa de ley que obligaría a todos los servidores públicos de elección popular a someterse a pruebas toxicológicas de forma semestral y aleatoria, mismas que serían costeadas con recursos propios de cada funcionario, sin representar gasto alguno para el erario.
“Más del 70% de la ciudadanía no confía en sus representantes populares y tienen toda la razón, por eso hoy pongo sobre la mesa una propuesta que a algunos les va a incomodar, pero que a la gente le parece de simple sentido común, que todos los servidores públicos de elección popular ya sea gobernador, diputadas, diputados, alcaldes, síndicos y regidores estén obligados a realizarse exámenes toxicológicos, de control de drogas, de abuso de manera periódica y obligatoria”, aseguró.
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Aseguró que se trata de una medida que busca demostrar que las personas encargadas de la toma de decisiones en el estado también son aptas para esta prueba sin distinción de otros servidores públicos a los que si se les exige para desarrollar sus actividades.
“Si a policías, soldados y funcionarios de seguridad les exigimos pasar las pruebas de confianza y toxicológicos, ¿por qué los políticos que deciden el rumbo de Jalisco tendrían un privilegio distinto? o quienes aprobamos las leyes, presupuestos y políticas públicas no habrían de demostrar que están en condiciones plenas físicas y mentales para ejercer su responsabilidad”, señaló.
Apuntó que se trata de de un acto de congruencia y que quien teme a una prueba toxicológica, es porque algo debe, y quien se niegue a someterse a ella no merece seguir representando al pueblo, y subrayó que la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones políticas debe atenderse con hechos, no con discursos, apelando a la voluntad de transparencia y el ejercicio público con ética, integridad y sobriedad.
“Si queremos pedirle al pueblo confianza, primero tenemos que demostrarle que estamos limpios, que somos responsables y que no tenemos nada que esconder, y si alguien se siente ofendido por esta propuesta, el problema no es la iniciativa, el problema está en sus conciencias”, dijo.
¿Qué contempla esta iniciativa?
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, para establecer que negarse a realizar la prueba o dar positivo al consumo de drogas será considerado una falta administrativa.
Asimismo, recordó que esta obligación ya existe en entidades como Baja California, donde los servidores públicos de primer nivel deben realizarse pruebas antidoping anualmente, y citó ejemplos recientes en Coahuila, donde alcaldes y sus gabinetes se sometieron públicamente a estas evaluaciones, lo que representa, dijo, un paso firme para dignificar la función pública.
MC
