Ante funcionarios del Gobierno de Nuevo León, organizaciones de la sociedad civil, industria privada y diputados locales pidieron a la autoridad que el transporte escolar no sea obligatorio, ni implementado este ciclo escolar 2025-2026 que arranca el 1 de septiembre.
Durante la Mesa de Trabajo de Transporte Escolar organizada por las Comisiones Unidas de Educación y Movilidad, la sociedad civil indicó que éstas dos reformas, una del Estado y otra de la bancada de Morena, deben ser para la Ley de Movilidad.
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También dijeron que debe elaborarse un plan integral para ver la movilidad tanto del horario de entrada, como de salida, dado que las problemáticas se dan, principalmente, en los colegios particulares.
Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico, mostró la preocupación de la sociedad civil sobre la propuesta de transporte escolar obligatorio.
“Nosotros consideramos que se tendría que focalizar el estudio a la Ley de Movilidad actual para determinar quién es competente para realmente tomar las riendas de algo así, sentimos también que falta involucrar más a los municipios en esta discusión”.
“En realidad la enorme mayoría de los estudiantes ya se movilizan caminando o en transporte escolar, es una minoría aquellos que se mueven en transporte privado. El dato arroja temas interesantes porque estaríamos trabajando sobre una cantidad menor de coches y personas que se movilizan a la escuela así, y entonces algo que también sentimos que hace falta, tal vez un estudio previo amplio como para realmente tener un entendimiento del fenómeno”, agregó.
July Mendoza, de la Unión Neolonesa, refirió que pudieran trabajar en la cultura vial alrededor de las escuelas, pero no obligando a los padres de familia a que sus hijos tengan transporte escolar.
“Hay que replantear que las escuelas no son la causa del problema de movilidad en Monterrey, ni en la Zona Metropolitana, pretender que las instituciones educativas o los padres carguen con una responsabilidad que corresponde al Estado es una equivocación, la movilidad es un tema de política pública, de infraestructura y de seguridad, no un asunto que debe resolver desde las comunidades escolares”.
“Como padres y madres nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros hijos y aquí debemos subrayar un dato que no podemos ignorar, el mayor número de muertes de menores en México se debe a accidentes viales. Esa realidad nos obliga a exigir que cualquier medida relacionada con movilidad escolar esté enfocada, ante todo, en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Lo que sí necesitamos y proponemos es trabajar juntos en medidas reales de seguridad y cultura vial alrededor de las escuelas”, señaló.
Jorge Félix, de la Federación de Padres de Familia, respaldó a la sociedad civil y dijo que se debería buscar alternativas eficientes.
“Estamos con una visión para construir un plan de movilidad segura y sustentable de los estudiantes, y enfatizo en estudiantes que es nuestra prioridad para optimizar el traslado de miles de niños y jóvenes en el estado. Nuestra experiencia nos ha mostrado que la solución a los desafíos de movilidad requiere una sinergia entre el sector público, las familias y las escuelas, necesitamos campaña de concientización pública”, apuntó.
Cecilia Carrillo, directora de Coparmex, pidió al gobierno estatal no pasar la responsabilidad a las escuelas y tampoco obligar a que se utilice el transporte escolar.
“Esperemos que no sea una ley en un programa de apoyo con herramientas guía, incentivos, acompañamientos, supervisión para las escuelas. Para ayudar en temas de movilidad hay que enfocar nuestros esfuerzos y nuestro tiempo en buscar soluciones a largo plazo, y eso tiene que ver con la coordinación y tener un doble clic al plan urbano que existe actualmente, el cual más bien no hay un plan urbano”.
“Nuestra preocupación es que esa responsabilidad no se pase a las escuelas y menos que sea obligatorio”, explicó.
Ven imposible implementar plan este ciclo; reclaman falta de movilidad
Reyna Reyes, diputada de Morena, comentó que este programa del transporte escolar ni podría ser implementado este ciclo escolar de 2025-2026.
“El querer aplicar (el plan) a inicio de este ciclo escolar es imposible para los maestros y directivos, supervisores, pues están regresando de un receso académico, entonces esto es delicado. No es como hablar cuando hablamos de educación, no nada más hablar del edificio, es hablar de todo un contexto muy amplio, que no terminas de hablar de esto que se quiere implementar de lo del transporte, también es algo que se tiene que analizar la experiencia, no debemos poner obligatorio”, explicó.
Por su parte, Jesús Elizondo, diputado local de Morena, dijo que se deben analizar otras ciudades, mientras que Jessica Martínez, en representación del municipio de Monterrey, dijo que debe considerarse.
Américo Ferrera, director de Brillamont, indicó que sí es responsabilidad de los padres de familia y no solo de la autoridad estatal.
Añadió que buscan elevar a tres estudiantes por carro el carpool, al considerar que dos no es suficiente.
“Lo tenemos que hacer y así lo hemos estado haciendo, particularmente hoy con San Pedro, la comunicación con la administración con la que nos estamos coordinando en dos sentidos, el primero que somos prácticamente todos los colegios que lo estamos implementando y donde estaba viendo que no es suficiente dos estudiantes, queremos que sean tres”,
Claudia Caballero, legisladora local del PAN, aseguró que el problema radica principalmente en los colegios.
También reclamó a los funcionarios estatales sobre las problemáticas de movilidad.
“La falta de camiones, el alto costo del camión, los tiempos de espera que vemos en Valle Oriente, los tiempos de espera en Vasconcelos, vaya, puedo decir en general dentro del municipio de San Pedro. El municipio de Santa Catarina sí es un problema, pero es un problema que al final del día no tiene que estar cargados ni para los colegios ni para las escuelas, ni para los padres de familia, me queda claro que hay madres y padres de familia preocupados por lo que está pasando en la movilidad de Nuevo León”, señaló.
Susana Mendez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dijo que se tendría que capacitar a los conductores del transporte escolar que, coincidió, no debe ser obligatorio.
“Deberá hacerse un análisis de una planificación urbana inclusiva, evitar aspectos negativos en el acceso a la educación que pueden darse, y esto requiere y tiene unos impactos económicos, tanto para las escuelas y en general”, explicó.
mrg
