De acuerdo al diagnóstico realizado por la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) para perfilar su plan de trabajo 2025-2030, entre 2014 y 2024 han incorporado al Registro Nacional de Atención a Víctimas a 90 mil 102 personas, de las cuales, 17 mil 961 fueron víctimas directas o indirectas del delito de desaparición o por violación a sus derechos humanos.
“Conocer el número de las víctimas de desapariciones en el país es un desafío que enfrenta el actual gobierno, y es un tema importante que se trata en las reuniones con víctimas y colectivos”, dice el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.
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Cifras de personas desaparecidas en diferentes sexenios
Los periodos en los que más se han registrado víctimas relacionadas con la desaparición fueron en los sexenios de Enrique Peña Nieto (5,488) y el de Andrés Manuel López Obrador (9,254).
Según la revisión hecha por la Comisión, los principales delitos por los que las personas solicitan su ingreso al registro, además de la desaparición, son homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, lesiones y trata de personas.
“Para la Comisión Ejecutiva, más allá de las cifras, es primordial reconocer que cada registro de una víctima representa una historia, una persona que enfrenta los efectos de un delito o una violación a sus derechos humanos. La labor de la CEAV trasciende la contabilización de víctimas, brindando atención y acompañamiento integral que busca restituir no solo la estabilidad emocional y física de quienes han sufrido, sino también su confianza en las instituciones y en su propio proceso de recuperar o reconstruir su proyecto de vida”, señala.
La CEAV informó que tan solo en 2024 erogó 772.3 millones de pesos en compensaciones por violación de derechos humanos, subsidios y medidas de ayuda inmediata para beneficiar a mil 837 víctimas.
CEAV busca disminuir y ayudar a las víctimas
Frente a este contexto, la Comisión creó un plan de trabajo para los próximos cinco años, en el que detectó como principal objetivo que las personas puedan recuperar y reconstruir sus proyectos de vida luego de ser víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.
Para ello, planteó una serie de objetivos y líneas de acción para fortalecer los procesos de ayuda, asistencia y reparación integral de las personas en situación de víctimas; integrando la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, diferencial y especializado.
También, marca la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, promoviendo no sólo su funcionamiento cotidiano, sino formalizando su instalación y el trabajo de sus comisiones para asegurar procesos de atención a víctimas más eficaces, humanos y oportunos.
“En el mismo tenor, el impulso a las capacidades institucionales en materia normativa, presupuestal y de personal de las Comisiones Estatales de Atención a Víctima o sus homólogas de las entidades federativas, es toral para asegurar los servicios de atención integral con perspectiva de género en el ámbito local y, al mismo tiempo, optimizar la implementación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de atención a víctimas”.
RDR
