La región del Bajío, donde se encuentra Guanajuato, es una de las tres zonas del país con mayor número de denuncias a nivel federal por el uso indebido de concesiones de agua, así lo informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia mañanera.
Autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicaron que, a nivel nacional, se está llevando a cabo un Programa de Ordenamiento de los 536 mil títulos de concesión de extracción de agua, donde se han detectado 58 mil 938 inconsistencias.
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De las mil 100 denuncias ciudadanas por el uso indebido de pozos de agua, la mayoría proviene de las regiones Norte, Bajío y Centro del país, zonas donde el estrés hídrico es constante, como en Guanajuato.
Estas acciones se enmarcan en la preparación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas, que se enviarán al Congreso de la Unión este lunes. El objetivo es reglamentar el derecho humano al agua y establecer mayores sanciones para quienes hagan un uso indebido del recurso.
"La propuesta en la Ley es que, si ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien podrá concesionar nuevamente esa agua; ya no habrá transmisión entre particulares. Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Además, se impondrán sanciones a quienes roban agua o no reportan cambios de uso en sus concesiones", puntualizó la presidenta.
Por su parte, Efraín Morales López, director de Conagua, detalló que entre las irregularidades detectadas se encuentran:
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- 29 mil 539 títulos sin certeza de vigencia, con falsificación o duplicidad.
- Uso distinto al autorizado en la concesión.
- Ubicación incorrecta de pozos, incluyendo un caso que señalaba un pozo en Oaxaca, pero que en realidad dirigía a autoridades hasta Tailandia.
- Pozos de uso público urbano explotados por 197 particulares.
- 272 títulos de agua agrícola utilizados para fines distintos, como balnearios, complejos industriales, clubs de golf y venta de agua por pipas.
"Esto ha generado una serie de afectaciones, entre las que se incluyen el acaparamiento del agua, el sobreconcesionamiento, un deterioro importante de la infraestructura y una distribución desigual del recurso en el país", señaló Morales López.
Con estas reformas y el programa de ordenamiento, el gobierno busca regular el uso del agua, garantizar su distribución equitativa y asegurar que el recurso, considerado un derecho humano, sea administrado de manera responsable y sostenible.
