Guanajuato es el primer lugar nacional con mayor tasa de incidencia en el delito de extorsión. Por cada 100 mil habitantes, en la entidad se tiene una tasa de 13.05 casos de víctimas de este delito.
Esto de acuerdo con cifras oficiales de la Incidencia delictiva del estado de Guanajuato en su informe más reciente con datos oficiales al mes de agosto.
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MILENIO dio a conocer que ahora, hasta los centros de rehabilitación, también conocidos como anexos, son víctimas de este delito. A detalle, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra un total de 853 denuncias por el delito de extorsión en Guanajuato registradas durante los primeros 8 meses del año.
En cuanto a casos específicos, Guanajuato ocupa la tercera posición detrás del Estado de México, que reporta mil 690 denuncias por extorsión, y la Ciudad de México, que acumula 1 mil 018 casos.
Sin embargo, por tasa, Guanajuato es el estado con la incidencia más alta, seguido por el estado de Morelos, que reporta 12.79 casos por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México, una tasa de 11.08, Colima 10.56, Nuevo León 9.98 y el Estado de México tiene un promedio de 9.54 extorsiones por cada 100 mil habitantes.
Tal como este medio lo informó, Irapuato es uno de los municipios donde ha habido cierre de centros de rehabilitación por el cobro de piso. Ante esto, Raúl Calvillo Villalobos, director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? Lamentó que las cifras de extorsión que se están presentando este año son inéditas y este delito va evolucionando, por lo que urgió a la autoridad a atender este delito con prontitud.
"Hace algunos años se hablaba de que la extorsión estaba ligada en un 90, en un 95%, a llamadas telefónicas (...) Desafortunadamente, nunca se nos ha comentado por parte de la autoridad, hoy por hoy, de las carpetas de investigación registradas, cuáles son cobros de piso, llamadas telefónicas, amenazas por medio de cartas, mensajes por WhatsApp o por algún otro medio de comunicación directo. Tanto a las personas como a los negocios", dijo el director.
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Mencionó que las extorsiones no discriminan ningún tipo de negocio y, dependiendo del lugar y de la modalidad, los giros que no están completamente regulados, como por ejemplo los centros de rehabilitación, tienen mayor vulnerabilidad.
El hecho de que estén llegando a los anexos de manera presencial a exigir hasta 8 mil pesos a la semana a pedir esa “cuota”, genera mucho miedo y deja la duda de si las personas de verdad son parte de un grupo criminal o si son personas que solamente utilizan ese discurso para amedrentar e infundir miedo.
Por ello reiteró la importancia que tiene que cada caso sea denunciado, pues la autoridad tiene la responsabilidad de atender e investigar estos supuestos.
"Yo creo que cada caso tiene que ser denunciado, qué bueno que la asociación de anexos esté al tanto y al pendiente de su gremio, eso es muy importante, y que sigan unidos y que estén denunciando", declaró.
Con la denuncia formal, la autoridad tiene que dar resultados en materia de seguridad: tanto dar con los presuntos responsables como también lograr su condena, pues en caso de que no haya denuncia y solo se cierre el lugar, los delincuentes continúan expandiendo sus objetivos y llegando a más negocios.
