Aunque el gobierno de la Ciudad de México por primera vez se involucró en la creación de espacios de consumo tolerado de cannabis, para los colectivos cannábicos persiste la incertidumbre por los vacíos legales sobre la tolerancia, que siguen generando criminalización por parte de la policía, aun en estos paraísos 4:20, como se le conoce a la actividad de reunirse a fumar mariguana.
A dos días de la apertura, el 6 de agosto, de uno de estos espacios en la Plaza de la Concepción, en el centro de la ciudad, dos policías abordaron de manera violenta a un consumidor que estaba recogiendo sus cosas para irse, según contó a EFE la activista Norma, de la colectiva Hijas de la Cannabis.
Eran las 20:20 horas y, según las reglas establecidas por el gobierno en acuerdo con los colectivos, estos sitios están limitados a funcionar entre las 08:00 y las 20:00, lo que motivó la actuación de los agentes de la policía, recapituló Norma.
La situación llegó hasta una inspección corporal que, para la activista, representa una forma de criminalización, la cual se detuvo gracias al respaldo de la colectiva, acostumbrada a intervenir en este tipo de casos.
Los policías las amenazaron llevárselas detenidas, recordó Norma, al tiempo que lamentó que, pese a ser un lugar amparado por el gobierno, persiste el temor.
“A pesar de ser un espacio seguro por parte del gobierno, sigue siendo un espacio inseguro y un espacio de inquietud por parte de los cuerpos de la policía, que todavía siguen criminalizando a la comunidad, que todavía siguen amedrentando a la banda y que siguen los hostigamientos”, advirtió.
Antes de estas zonas autorizadas, en la capital surgieron varios puntos de protesta, creados por los colectivos para exigir una regulación, luego de que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la mariguana para fines recreativos.
Algunos de estos campamentos cannábicos siguen en pie frente al Senado y a las puertas del Museo de Memoria y Tolerancia, aunque otros fueron reubicados, como los que solían instalarse afuera de las estaciones del metro Hidalgo y Chapultepec.
Derechos humanos para los consumidores
“Derechos humanos para los marihuanos”, dice una lona colgada en la Plaza Simón Bolívar, campamento que antes estaba frente al metro Hidalgo.
Para Popeye, del colectivo Comuna 4:20, la reubicación responde a una limpieza urbana rumbo al Mundial de 2026, pues la estación Hidalgo forma parte de la Línea 2 del Metro, que conecta con los estadios de fútbol.
Aun así, el activista celebró el interés de las autoridades por crear espacios seguros con reglas, como la prohibición de la venta, donde los colectivos pueden desestigmatizar el consumo y dar información adecuada.
No obstante, para Popeye urge una legislación al respecto, enfocada en los derechos humanos. “Lo que queremos es que dejemos de ser violentados y estigmatizados”, expuso.
Actualmente, la Ley General de Salud establece que la marihuana es una sustancia prohibida, salvo para fines médicos y científicos, y no existe una ley específica que la autorice para fines recreativos.
Entre la regulación y la integración
En estos puntos 4:20, también hay personal del gobierno que brinda orientación para tramitar un amparo para el autocultivo y autoconsumo de cannabis lúdico ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México (Cofepris).
Sin embargo, la llegada de estos espacios provocó protestas vecinales durante los primeros días por un posible riesgo de inseguridad, aunque algunos vecinos confían en que puede haber una integración.
Como Moisés San Juan, de 75 años, quien lleva más de 40 viviendo frente a la Plaza de la Concepción y recuerda que en su juventud tenía que esconderse para fumar tabaco, por lo que prefiere que haya una regulación.
“Es lo mejor, porque está la autoridad de por medio, y eso hace mucho bien, tanto para la sociedad como para ellos también, que sean aceptados poco a poco, que no estén escondidos”, comentó.
LP
