Ser mujer implica una condición física con capacidad reproductiva desde el punto de vista biológico. La fertilidad se expresa cíclicamente entre las personas del sexo femenino y conlleva un proceso en el cual la reproducción es viable porque su cuerpo resulta fértil para tener hijos.
En vista de que en términos generales el cuerpo de la mujer está siempre listo para la reproducción, la mujer vive un ciclo de unos 28 días aproximadamente durante los cuales el útero y los ovarios viven varios cambios en espera de la fecundación y cuando ésta no ocurre, llega la menstruación como un mecanismo de desprendimiento del endometrio que genera un sangrado.
Por ese ciclo, las mujeres deben utilizar cada mes productos de gestión menstrual como toallas sanitarias, tampones, copas y discos menstruales, ropa interior para el periodo, entre otros, generan un costo anual que puede llegar a miles de pesos.
Si a eso se suma que las mujeres en edad reproductiva utilizan en su mayoría algún método anticonceptivo que requiere el pago de consulta al especialista en ginecóloga para la prescripción de un fármaco vía oral o intramuscular, o bien, la colocación de alguno de los métodos de barrera física como la T de cobre, el DIU o los implantes subdérmicos.
Impuestos y gastos para las mujeres
La adquisición de métodos anticonceptivos eleva el costo que las mujeres deben hacer, inherentes a su condición biológica y que también está sujeto a su nivel socioecónomico y geográfico.
Por ello se han llevado a cabo esfuerzos para reducir el gasto que las mujeres hacen mes con mes y a partir del 1 de enero de 2022, las toallas femeninas, tampones y copas menstruales quedaron exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual significó una reducción en su precio.
En lo que toca a los productos anticonceptivos, el Partido del Trabajo en el Senado propuso eliminar también el IVA y su propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados, responsable única de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Al eliminar el IVA a los anticonceptivos, se reduce de manera directa el costo de condones, pastillas anticonceptivas y anticoncepción de emergencia, facilitando que más personas, en especial a las personas en situación de vulnerabilidad, puedan utilizarlos sin que el precio se convierta en un obstáculo. Esta medida es, por tanto, un catalizador de inclusión y equidad”, señaló la senadora Geovanna Bañuelos.
Los gastos acumulados
Pero ¿cuánto gasta una mujer en anticonceptivos y menstruación durante su vida fértil que ronda las tres décadas desde la adolescencia hasta la perimenopausia?
En México, poco más de la mitad de las mujeres en edad fértil utiliza algún método anticonceptivo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional de Población (Conapo). Sin embargo, los gastos relacionados con la salud reproductiva y menstrual siguen representando un peso importante en la economía de millones de mujeres.
Según Inmujeres, alrededor de 17.6 millones de mexicanas de entre 15 y 49 años recurren a métodos anticonceptivos, lo que equivale al 53.4 por ciento de ese grupo de población.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (ENADID), elaborada por Inegi, señala que la prevalencia de uso de métodos modernos en este mismo rango es de 55 por ciento, mientras que el conocimiento de al menos un método alcanza al 98.7 por ciento de las mujeres.
Aunque la información y la disponibilidad son amplias, todavía existe un sector considerable que no utiliza ningún método, lo que genera una demanda insatisfecha en materia de planificación familiar.
El Conapo ha subrayado que la cobertura no es homogénea: las mujeres jóvenes, indígenas y quienes viven en zonas rurales presentan menor acceso a métodos modernos y enfrentan mayores barreras económicas y culturales.
Los niveles más bajos de uso anticonceptivo coinciden con los estados con mayor marginación, lo que refleja desigualdad en la distribución de servicios de salud sexual y reproductiva.
Los métodos más comunes son las píldoras anticonceptivas, los inyectables, el condón masculino, el dispositivo intrauterino (DIU) y los implantes subdérmicos.
En el sector privado, un DIU de cobre cuesta en promedio 700 pesos, mientras que un implante subdérmico oscila entre 2 mil 500 y 3 mil pesos. Las píldoras anticonceptivas tienen un precio de 50 a 250 pesos mensuales, lo que equivale a entre 600 y 3 mil pesos anuales.
Las inyecciones hormonales cuestan entre 150 y 300 pesos al mes, con un gasto anual de hasta 3 mil 600 pesos.
Aunque instituciones como el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud ofrecen anticonceptivos de forma gratuita, millones de mujeres sin seguridad social deben recurrir a farmacias o clínicas privadas y asumir estos costos de su propio bolsillo.
A estos montos se suman los gastos relacionados con la menstruación. Una mujer utiliza en promedio entre 20 y 30 toallas sanitarias al mes, lo que equivale a cerca de 300 productos al año. El precio de un paquete varía entre 30 y 90 pesos, de modo que el gasto mensual va de 90 a 270 pesos, es decir, entre mil y 3 mil pesos anuales.
En una vida reproductiva de alrededor de 38 años, una mujer mexicana puede gastar entre 26 mil y 30 mil pesos únicamente en productos de gestión menstrual.
Brecha de egresos
El INEGI reporta que en 2022 los hombres tuvieron un ingreso trimestral promedio de 33 mil 964 pesos, frente a 19 mil 336 pesos de las mujeres, una diferencia de 14 mil 628 pesos.
Esta brecha salarial complica aún más la posibilidad de cubrir los costos de anticonceptivos y productos menstruales fuera del sector público, convirtiendo la salud sexual y reproductiva en un problema de desigualdad estructural.
Los datos muestran que las mexicanas destinan entre 2 mil y 3 mil pesos al año a su salud menstrual y reproductiva, sin contar consultas médicas u otros gastos asociados.
Especialistas subrayan que, más allá de la cobertura oficial, el reto está en garantizar acceso efectivo, asequible y equitativo a anticonceptivos y productos menstruales, independientemente de la condición socioeconómica o lugar de residencia.
LG
