México vive una situación de contradicciones. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional penalizar el aborto y 24 estados han legalizado la interrupción legal del embarazo dentro de un cierto período gestacional. Por otro lado, la interrupción del embarazo sigue siendo el único servicio de salud regulado desde el derecho penal, indicaron en conferencia de prensa la red de profesionales de la salud Salvemos Miles de Vidas México.
“Cuando un servicio de salud se trata como delito, el consultorio deja de ser un espacio de confianza y cuidado para convertirse en un lugar marcado por el estigma y el miedo. Y esa no es la medicina que juramos ejercer”, explica la doctora María Eréndira Itami Sordo, ginecobstetra.
Paradoja legal y sanitaria
Según la especialista, la regulación penal genera miedo tanto en las usuarias como en el personal de salud, que muchas veces se siente inseguro de proveer un servicio necesario por temor a sanciones.
Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos son estados que aún no han despenalizado el aborto voluntario. En estas entidades, el procedimiento sólo está permitido bajo las causales tradicionales, como violación o riesgo para la vida de la persona gestante. Sonora vive la misma situación; no existe una ley que permita interrumpir el embarazo sin causa justificable (el deseo de la persona no importa).
El caso de Aguascalientes refleja la percepción que aún persiste en torno al aborto. El 14 de diciembre de 2023 se había despenalizado el procedimiento, permitiendo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, un año después, el Congreso local redujo el plazo a solo seis semanas y estableció que las mujeres embarazadas deben someterse a la evaluación de un comité cuyo propósito es persuadirlas de no tomar esa decisión.
Barreras que cuestan vidas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2022 nuevas directrices. Recomienda eliminar obstáculos innecesarios desde el punto de vista de salud, como la penalización, los tiempos de espera y las autorizaciones de terceros. Estas barreras, advierte el organismo, provocan retrasos críticos en la atención, aumentan los riesgos de aborto inseguro, perpetúan la estigmatización y afectan la vida educativa y laboral de miles de mujeres y personas gestantes.
La evidencia nacional confirma estas alertas: entre 2015 y 2023, se reportaron 571 muertes maternas, 48 en adolescentes menores de 20 años. Y en 2024, casi la mitad de los nacimientos en la ciudad correspondió a adolescentes, incluidos 186 casos en niñas de apenas 10 a 14 años.
“Lo que vemos en los hospitales es que estas cifras tienen rostro: son niñas y adolescentes obligadas a enfrentar embarazos no deseados, muchas veces producto de violencia sexual. Y mientras la ley siga tratando el aborto como delito, las respuestas institucionales seguirán siendo insuficientes”, apunta Diana González Pulido, psicóloga y sexóloga.
Experiencia clínica demuestra la seguridad
La Ciudad de México ofrece un ejemplo claro: entre abril de 2007 y junio de 2024 se realizaron más de 277 mil interrupciones legales del embarazo sin una sola muerte registrada. Este dato, según la red de profesionales de la salud, demuestra la seguridad del procedimiento cuando se realiza bajo protocolos basados en evidencia científica.
“Si damos acceso a un aborto legal y seguro, como lo marcan la OMS y la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), es un procedimiento adecuado y seguro, con eficacia de hasta 98 %. Lo que mata es el aborto inseguro”, sostiene la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez, ginecobstetra.
Impacto en los consultorios
Para las y los profesionales, la regulación penal no solo afecta a las personas usuarias, también limita la práctica médica. “Las instituciones públicas no tienen objeción de conciencia; están obligadas a brindar el servicio. Pero mientras el aborto siga en el Código Penal, muchos médicos y médicas sienten que cualquier atención los expone a consecuencias legales. Esa incertidumbre inmoviliza”, señala la doctora Georgina Díaz Orozco, ginecobstetra.
La doctora Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, coincide: “Tratar un procedimiento médico desde el derecho penal genera estigma, incluso dentro de los propios equipos de salud. Necesitamos marcos claros desde la salud pública, no desde la criminalización”.
Reacciones y contradicciones
En junio, asociaciones civiles y diputados cabildearon dentro y fuera del Congreso de Morelos a favor del mandamiento católico “No matarás”.
La organización Abortistas MX señala que diversos sectores políticos y religiosos, de manera directa o encubierta, aplican estrategias para bloquear la legalización del aborto o dificultar su acceso seguro, informado y gratuito, incluso en estados donde ya está permitido.
Muchas voces aún pugnan por paliar el impacto que ha causado la defensa de este derecho que comenzó en la ciudad de México en 2007, y cuyo modelo fue replicado casi en seguida en otras entidades del país. Sin embargo, la ambigüedad legal prevalece.
Un marco legal para priorizar el cuidado
El Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos la iniciativa de sacar el aborto de su Código Penal, regulándolo únicamente desde la perspectiva sanitaria y garantizando un acceso seguro y digno. La campaña “Así de simple” hace un llamado directo a las y los legisladores para eliminar el delito de aborto en ese y todos los Códigos Penales. “Para que las mujeres tengan salud, hay que sacar el aborto del Código Penal. Así de simple”, subraya la doctora Díaz Orozco.
Completan el equipo de vocerías: Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga, de Michoacán; Joselyn Rivera Vilchis, médica general y psicoterapeuta psicoanalítica, de Guanajuato; Marau Basilio Roblero, ginecobstetra, de Tlaxcala; Aurora Morales Domínguez, de Puebla; Verenice Gómez Vera, ginecobstetra, de Puebla, y Citlaly Mier Martínez, ginecóloga, de Michoacán, quienes remarcan la necesidad de que el Estado garantice atención segura, consejería basada en evidencia, acceso a medicamentos y protocolos actualizados.
Su compromiso es claro: reducir la mortalidad materna, eliminar la criminalización y garantizar el acceso a la salud en todo México, para que ninguna vida se ponga en peligro por falta de acceso a un aborto.
RRR
