Hasta 22 años de cárcel puede alcanzar quien realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito del que se acusa al ex secretario de Finanzas, Jorge Silvestre “N”, a quien en opinión de especialista debe declararse la pérdida de derechos sobre bienes de los que no pueda probar su legal procedencia, lo que se conoce como extinción de dominio.
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Al opinar del que sería el primer caso de su tipo que se judicializa en Tamaulipas, el abogado Eustacio Reyes sostuvo que la figura de extinción de dominio procede en delitos como enriquecimiento ilícito, que se puede imputar a la par del ilícito de origen.
“Se puede promover por el simple hecho de la iniciación de la investigación del delito o delitos, y llevar a la par del proceso penal.
No requiere la acreditación del delito ni mucho menos una sentencia condenatoria, da como resultado que por la vía judicial se decretará que dichos bienes pasen al Estado”, sostuvo Reyes Hernández.
Según el artículo 11 de la Ley de Extinción de Dominio en Tamaulipas, esta acción la puede promover el Ministerio Público y revisarse considerando lo que establece la Constitución en el tema de presunción de inocencia.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
De acuerdo con el Código Penal vigente en Tamaulipas en su artículo 443 Bis, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión, y multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización “al que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno dos.
Eustacio Reyes Hernández y Juan Jorge Olvera Reyes, especialistas en Derecho Penal, señalaron que 22.5 años es la penalidad que, considerando la máxima, resulta de un delito como el que se le atribuye al ex secretario de Finanzas, por tratarse en su caso de un funcionario público.
Tesorero de Egidio
El pasado viernes se dio a conocer que por un presunto desfalco de 600 millones de pesos a las arcas estatales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a quien fuera tesorero en el pasado sexenio.
Hasta el momento, se han girado órdenes de aprehensión en contra de tres personas, quienes fueron detenidas y ahora colaboran con las investigaciones, ya que el esquema involucra a por lo menos siete empresas, pero se presume que están implicadas más. Durante una audiencia en el Centro Integral de Justicia del Poder Judicial, un juez de Control determinó judicializar la carpeta de investigación respectiva. Las operaciones simuladas ocurrieron entre los años 2015 y 2016, con ayuda un notario para constituir varias empresas con los mismos socios en cada una de ellas.
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A la audiencia del viernes, solo acudieron los abogados de Jorge Silvestre “N”, ex secretario de Finanzas y Jorge “N”, ex director de Pagos. Ambos deberán presentarse el 13 de diciembre, de no hacerlo se hará uso de la fuerza pública.
Se informó que este sería el primer caso que se judicializa en Tamaulipas por uso de empresas factureras con diversas operaciones simuladas.
GINS
