En las audiencias públicas que estrenó la Comisión Presidencial sobre la Reforma Electoral, saltaron las propuestas de austeridad, el voto electrónico, reducir legisladores, la estructura del INE y los organismos locales. Hasta que uno de los ponentes fue más claro y lo dijo con todas sus letras: “creo más en la propuesta de 2022, el famosísimo Plan A”, refiriéndose a la iniciativa promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación recibió a los primeros 14 políticos, funcionarios y académicos que decidieron inscribirse en esta primera audiencia que tuvo como anfitrión a Pablo Gómez, presidente de la comisión electoral.
“Sean bienvenidos al inicio de las audiencias públicas de la comisión presidencial para la reforma electoral. Será un ejercicio de participación libre, sin ningún requerimiento previo, para escuchar propuestas del gran tema de reforma electoral. Agradezco a los ponentes su presencia”, expresó Gómez.
Parecía un juicio. En la mesa de autoridades estaba al centro Gómez y a sus costados Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; y Lázaro Cárdenas, jefe de la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum, escuchando en silencio y tomando nota. Todos los ponentes hablaron cinco minutos sin retroalimentación. A un minuto de terminar su tiempo, recibían una tarjeta amarilla de advertencia y si se pasaban, tarjeta roja.
Bajo este escenario que incluyó algunos invitados, el ponente número seis, Andrés García Repper, fue quien le puso nombre a algunas de las propuestas que se barajaron, incluyendo la suya: un nuevo Plan A.
“Este ejercicio es un acierto, es solo una de las partes, la que corresponde al Ejecutivo, en su momento lo tratará el Legislativo pero ahora es valioso”, expresó García Repper.
Su planteamiento se centró en la calidad de la representación popular. Dijo que es necesario que sean menos legisladores para que se repartan menos pluris y estos estén obligados a hacer campaña para que tengan más incentivos de responder a los votantes que a sus jefes de partido.
“Se ahorraría en la nómina del Congreso, que es muy alta, se ahorrarían los recursos materiales, se ahorrarían los gastos de campaña y los partidos tendrían que llevar a sus candidatos a hablar con la gente y, perdón por la expresión, el que tiene más saliva traga más pinole, y ese podría obtener más votos. Sería mucho más democrático, reduciríamos el número de legisladores y estaríamos más felices de lo que hoy estamos”, expresó.
Uno antes, el consejero electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos, centró sus consideraciones en la necesidad de implementar el voto electrónico. Otra clave del Plan A, aunque no lo mencionó.
Ramos Mega explicó que la elección judicial de este año fue muy compleja, pues con la participación del 12.9 por ciento de la población, los cómputos tardaron más de siete días. Esto implica que para 2027, con una participación estimada de 45 por ciento, los cómputos podrían tardar hasta 24 días, ya que se elegirán 17 gubernaturas, 500 diputaciones, mil 234 diputaciones locales, mil 785 ayuntamientos, 16 alcaldías, 464 magistraturas federales, 386 juzgados federales y cientos de magistraturas y juzgados locales y tres entidades tendrán comicios.
“¿Qué alternativas tenemos? Voto electrónico puede funcionar para ayudar a estos problemas, los cómputos son rápidos, se pueden realizar sin errores, soportan varias elecciones y pueden someterse a auditorías de verificación”, expresó.
Además, dijo que podría implementarse voto por internet en dispositivos móviles dentro de territorio nacional, con los mismos beneficios del electrónico, aunque tiene un sesgo contra las personas de escasos recursos. Y otra alternativa es el cómputo electrónico.
En medio de invitados aburridos que bostezaban, miraban el celular con insistencia e incluso hasta cabeceaban, tocó el turno del asesor de Morena, Jaime Miguel Castañeda, quien, de arranque, dejó en claro que esta reforma es parte integral del segundo piso de la cuarta transformación.
Y también defendió el Plan A al proponer que los pluris salgan a votación o que desaparezcan los OPLES. Incluso le puso algunos añadidos como su propuesta de eliminar los tribunales electorales locales.
“Desaparición de tribunales locales para que el nacional asuma la responsabilidad de resolver todos los asuntos; no son necesarios, perdón, pero no lo son. Respecto a la organización electoral, transformar a los OPLES en partes integrantes del INE con oficinas acotadas, pequeñas, de entre 20-45 integrantes”, destacó.
Los comisionados solo observaban y anotaban. Desfilaron académicas con propuestas serias y estudiadas sobre fiscalización, la necesidad de sumar a las universidades a la discusión e incluso el secretario de estudio y cuenta del TEPJF, Francisco Zorrilla, quien consideró necesario que las propuestas fueran con sustento técnico.
Y el último ponente, registrado como asesor jurídico de una organización civil, fue el único que lanzó una crítica a todas luces directa a la ideología de la llamada 4T, al definirse como un ciudadano aspiracionista de la clase media, convencido de la cultura del esfuerzo y en contra de los acordeones.
“Llamado urgente: basta de eufemismos legislativos que refuerzan el régimen autoritario y socavan la democracia, basta de fomentar la división, el encono, el rencor y la violencia, basta de comprar y coaccionar el voto mediante programas sociales”, expresó.
Ni esta última intervención tuvo respuesta.
Pablo Gómez dio por terminada la sesión y recordó que este jueves se llevará a cabo la segunda audiencia al medio día.
“Hemos llegado al final de nuestra primera audiencia, mañana alas 12 del día se va a llevar a cabo la segunda”, se levantó y se fue.
Entre los participantes estuvieron el diputado Alfredo Vázquez Vázquez; el ex representante del partido ante el INE, Jaime Castañeda Salas; y el abogado Arturo Chávez López, funcionario del gobierno federal y alguna vez representante legal de la presidenta Sheinbaum.
Por parte de las autoridades electorales y el Poder Judicial, asistieron magistrados y consejeros locales, como Ernesto Ramos Mega, consejero del IECM; José Luis Ceballos Daza, Magistrado de la sala regional de Ciudad de México del TEPJ; Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral de Puebla; y Roselia Bustillo Marín, magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJ.
Además de académicos como Fernando Castañeda Sabido, doctor en Ciencias Sociales; José Antonio Piña Arenas, maestro en Ciencias Políticas; Andrea Samaniego Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; y Gonzalo Badillo Moreno, doctor en Ciencias Políticas.
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