La diputada Eufrosina Cruz, del PRI, propuso una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear un padrón de menores en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres.
De acuerdo con la iniciativa, cada 24 horas son asesinadas 10 mujeres en México, lo que representa 3 mil 650 feminicidios al año.
“Esta violencia deja tras de sí un número creciente de niñas, niños y adolescentes en orfandad, quienes enfrentan un futuro incierto, marcado por el trauma emocional, la desprotección y la vulnerabilidad ante la violencia y la pobreza, además de la exclusión, abandono escolar y dificultades de acceso a servicios básicos de salud y bienestar psicosocial”, advierte.
Cruz sostuvo por ello que la creación del padrón de niñas, niños y adolescentes en dicha situación es un paso decisivo para visibilizar y atender integralmente a las víctimas indirectas de feminicidio, a fin de asegurar que el Estado cumpla con su deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales.
La medida representaría, asimismo, un paso crucial hacia la reparación del daño, al permitir una identificación precisa y la canalización de apoyos específicos para atender sus necesidades inmediatas y de largo plazo.
“Este padrón funcionaría como una herramienta para el diseño y la implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar sus derechos fundamentales, como educación, salud mental y emocional”, dijo.
La legisladora priista subrayó la necesidad de que las autoridades tengan un registro de identidad, edad y grado escolar de los menores huérfanos, así como la información de quién se quedó a su cuidado y si reciben atención médica y psicológica, pues de lo contrario son víctimas invisibles del feminicidio.
Si no son identificados significa que no reciben ayuda, aun cuando muchos de ellos han sido testigos del asesinato de sus madres, agregó.
Explicó que la falta de datos exactos respecto a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del feminicidio es una de las urgencias que debe resolver la autoridad para garantizar la reparación del daño.
Insistió en que el padrón, a cargo del DIF, permitiría a las autoridades identificar y monitorear las necesidades específicas de cada menor, facilitando la aplicación de programas de apoyo personalizados.
Además, funcionará como herramienta para evaluar y ajustar las políticas públicas dirigidas a esa población.
“El padrón debe estar acompañado de la articulación de esfuerzos entre las diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de contar con un enfoque integral que aborde todas las dimensiones de esta problemática”, señaló.
LP
