La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Presidencia de la República entregar a un ciudadano la información relacionada con 15 oficios que contienen nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina (Marina).
Así como datos de la capacitación y adiestramiento del personal de la institución en ejercicios navales multinacionales.
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¿Qué decidió el Pleno de la SCJN?
Por unanimidad, el Pleno declaró infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que una buena parte de la información fue hecha pública por el gobierno federal en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este asunto, se declaró impedida a la ministra María Estela Ríos González, porque en el sexenio pasado fue la consejera jurídica de la Presidencia y firmó los recursos interpuestos en el Alto Tribunal.
La Presidencia intentaba tumbar la decisión del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual en sesión de 8 de junio de 2022, ordenó a la presidencia dar a conocer la información.
¿Qué dijeron los ministros?
Loretta Ortiz Ahlf, ministra ponente, puntualizó que dicha información fue publicada por el mismo gobierno federal.
“No comparto la idea de que a través de lo que se ha manifestado en asuntos anteriores vinculados con la seguridad nacional, la teoría del mosaico, se advierta un riesgo a la seguridad nacional en este caso concreto. En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible. Toda, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e incluso en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades”.
“Dada esta circunstancia y sin pretender restar valor a dicho principio, en mi opinión es sumamente difícil visualizar cómo la entrega oficial de estos documentos que en esencia se replican datos ya conocidos podría por sí misma configurar un riesgo real demostrable e identificable para la seguridad nacional que no existiera ya desde el momento mismo de su divulgación original”.
Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, mencionó que no hay una negativa a dar la información, sino únicamente la que ponga en riesgo la seguridad nacional.
“Ahora, como se clasificaron esos 13 oficios como oficios que ponen en riesgo la seguridad nacional, pues nadie los conoce hasta este momento, no hay forma de decir el contenido si pone efectivamente en riesgo o no la seguridad nacional”.
“Entonces sobre esa base yo quisiera sugerir que se ponga poco más de énfasis en el proyecto, que queda bajo la responsabilidad del funcionario que ahora es el secretario particular de la Presidencia, que él valore cuál de esa información efectivamente ya es pública porque estamos frente a supuestos, otros suponemos que la información es pública, pero hasta que no logremos hacer un contraste entre el oficio y la información pública no tendremos una certeza plena de que efectivamente es pública”, comentó.
Por ello, se deberá cotejar que la información que no se haya hecho pública, deberá ser testada, para evitar que se vulnere la seguridad nacional.
RM
